🕒 Última actualización:
agosto 30, 2025
Una jueza de Bogotá concedió a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un principio de oportunidad que le otorgaría 'inmunidad parcial' frente a tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. Esta decisión se da luego de que López aportara información considerada clave en el caso de corrupción por la compra irregular de carrotanques para La Guajira, tras dos intentos previos fallidos de acogerse a este beneficio. La defensa de López dijo que su colaboración sería 'fundamental' para 'desmantelar la que se ha considerado una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente del país, y la más grande en el actual Gobierno Nacional.
El exfuncionario ha entregado 21 declaraciones, una matriz con 27 nombres de altos funcionarios y pruebas documentales, además de devolver $724 millones al Estado. A cambio, la acción penal en su contra se suspendería por un año, o más (prorrogable), bajo la condición de expresar 'arrepentimiento público' y 'garantizar la no repetición' de conductas delictivas. Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, quienes presuntamente habrían tenido un 'papel central' en la adjudicación irregular de contratos. La Fiscalía reveló que el escándalo habría surgido por la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones, con sobrecostos y presunto desvío de recursos. Además, López señaló la entrega de sobornos de $3.000 millones al senador Iván Name (Alianza Verde) y $1.000 millones al representante Andrés Calle (Partido Liberal), entonces presidentes de Senado y Cámara, 'para obtener apoyo' a reformas gubernamentales. Otros políticos mencionados en la red de corrupción son Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manrique (curul de paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal, exalcalde de Pereira) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), quienes habrían influido en decisiones de contratación.
Incluso se indica que Velasco habría gestionado un contrato de $35.000 millones para el senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U), aunque no se habría firmado 'por el estallido del escándalo'. También se involucra a la congresista Martha Peralta (MAIS – Pacto Histórico), quien supuestamente habría buscado adjudicar un contrato por $2.210 millones en Riohacha (La Guajira) a allegados suyos. La Corte Suprema de Justicia ya citó a indagatoria a Name y Calle por presunto cohecho (soborno...) y peculado (malversación...), mientras que la investigación continúa ampliándose con base en la matriz entregada por López. La Fiscalía ha mencionado que el caso constituiría una 'macroestructura de corrupción' que habría operado entre marzo de 2023 y febrero de 2024, beneficiando a contratistas y congresistas mediante direccionamiento de contratos en varios departamentos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • El Espectador
