🕒 Última actualización:
agosto 21, 2025
El Gobierno de Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien es investigado en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión fue calificada como “inamistosa” y “agresiva” por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que esta postura afectaría la cooperación judicial y podría impactar las relaciones diplomáticas entre ambos países. El funcionario agregó que existirían tratados vigentes que comprometerían a los Estados a colaborar en estos procesos. González es señalado por la Fiscalía de intervenir en el direccionamiento irregular de cerca de $70.000 millones en contratos de la Ungrd, en lo que habría pretendido asegurar apoyos políticos en el Congreso para proyectos del Gobierno Nacional. Los delitos imputados incluyen cohecho, peculado y lavado de activos. Una orden de captura fue emitida el 3 de julio, y las autoridades han considerado solicitar circular roja de Interpol. El exfuncionario, quien ha negado los cargos, reside en Nicaragua desde noviembre de 2024, donde habría obtenido asilo político, según también se reportó recientemente, lo que habría sido el argumento principal del gobierno nicaragüense para rechazar la extradición.
El asilo concedido a González se ampararía en convenios internacionales y en la legislación nicaragüense, que garantizarían protección a personas 'perseguidas por motivos políticos'. En un comunicado, ese gobierno sostuvo que la extradición no procedería porque los delitos imputados presuntamente estarían “conexos a causas políticas”, y que ningún extranjero podría ser expulsado o devuelto a un país donde 'corran riesgos sus derechos fundamentales' por sus opiniones o condiciones políticas. La medida ha generado controversia, que retomó su escalada. Recientemente, el gobierno colombiano rechazó la decisión del gobierno del 'copresidente' Daniel Ortega de otorgar asilo político a Carlos Ramón González. La Cancillería señaló que la medida vulneraría el tratado de extradición de 1929 entre ambos países y que los delitos atribuidos a González serían 'comunes', por lo que no podrían ser cobijados bajo la figura de asilo. Colombia solicitó a Nicaragua 'reconsiderar' su decisión, y que se garantizaría que el exfuncionario contaría con todas las 'garantías procesales'. El Presidente Gustavo Petro reaccionó asegurando que la negativa de Ortega respondería a 'razones políticas e históricas' como una 'enemistad personal' y el pasado de González como combatiente del M-19 en apoyo al sandinismo nicaragüense. "(...) Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza (...)", dijo, en parte, en la red X. En ese sentido, el Gobierno Nacional evalúa acciones diplomáticas y legales para insistir en la extradición. En medio de todo, Rosalba Merchán de González, mamá de González, falleció en Puente Nacional, Santander, a los 87 años, presuntamente por causas naturales relacionadas con su edad. La noticia fue confirmada por Luz Dana Leal, esposa del exfuncionario.
Este caso se enmarca en el mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno Nacional. El entramado también involucraría a congresistas, exfuncionarios y altos mandos. En este contexto, recientemente también se conoció que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, se habría convertido en el testigo clave tras acogerse a un principio de oportunidad aprobado por un juez. Pinilla ha señalado a González como uno de los 'cerebros' del esquema de corrupción y aportó pruebas que han llevado a abrir investigaciones contra al menos 23 personas, incluidos los expresidentes del Senado e Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, además de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Pinilla dijo que los expresidentes del Congreso habrían recibido sumas millonarias provenientes de sobrecostos en contratos para carrotanques en La Guajira, mientras que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz habría actuado como intermediaria en las entregas de dinero. Por su testimonio, la Fiscalía le dio inmunidad por algunos delitos, aunque ya fue condenado a más de cinco años de prisión por concierto para delinquir y peculado. Mientras tanto, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, no habría logrado acogerse al principio de oportunidad, pues un juez negó la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos legales. El caso sigue escalando en el ámbito judicial y político, con una red que comprometería a figuras de alto nivel y que ahora tensionaría las relaciones bilaterales entre Colombia y el Gobierno de Nicaragua. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Revista Cambio • El Tiempo
