🕒 Última actualización:
agosto 31, 2025
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos frenó temporalmente la decisión del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600.000 venezolanos, al considerar que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, 'carecía de autoridad' para revocar la extensión otorgada por la administración anterior hasta 2026. Los jueces argumentaron que la ley del TPS 'busca ofrecer estabilidad y protección a los migrantes', aislada de la política, y que la medida de la actual administración 'generó incertidumbre y afectacione' a miles de beneficiarios. Aunque el fallo no es definitivo, mantiene vigente el programa mientras continúa el litigio. Paralelamente, la jueza federal Jia M. Cobb bloqueó también de forma temporal la aplicación de 'deportaciones exprés' a inmigrantes indocumentados detenidos lejos de la frontera, sin audiencia judicial. Cobb sostuvo que el gobierno no puede 'priorizar' la rapidez 'sobre el debido proceso', especialmente en casos de personas con años en el país que podrían tener derecho a asilo u otros recursos legales. El fallo limitaría el uso de expulsiones aceleradas únicamente a quienes ingresaron recientemente y fueron capturados cerca de la frontera.
Ambas decisiones representan reveses importantes para las políticas migratorias de 'línea dura' impulsadas por el Presidente Donald Trump. Mientras el gobierno insiste en que el TPS ha sido “abusado y politizado” y promete seguir litigando por su política, organizaciones defensoras de migrantes han celebrado los fallos como un freno a medidas que, según argumentan, 'vulneran derechos' y expondrían a miles de personas a la separación familiar y la inseguridad jurídica. El debate por la migración es amplio y complejo. También en este contexto, la secretaria Kristi Noem confirmó recientemente que el gobierno ampliaría las operaciones de inmigración en Chicago, lo que implicará un aumento en el despliegue de agentes federales. Según declaró en el programa Face the Nation (CBS), ya se han realizado operativos con ICE en la ciudad, pero ahora se sumarían 'más recursos'. La medida ha escalado las alarmas entre autoridades locales, especialmente porque se trata de una ciudad santuario, con leyes que limitan la cooperación con el gobierno federal, en asuntos migratorios. A propósito, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden que prohíbe a la policía de Chicago colaborar con las autoridades federales en controles, patrullajes o puestos de verificación relacionados con inmigración, mientras el gobernador JB Pritzker advirtió que podrían presentar una demanda 'si Trump insiste' en la movilización. Ambos líderes sostienen que la delincuencia habría disminuido en la ciudad y acusan al presidente de usar estas acciones 'con fines políticos'. Pritzker incluso sugirió que esta operación presuntamente podría ser parte de un supuesto intento por interferir en las elecciones de 2026.
A las tensiones se suma un nuevo fallo judicial: la jueza federal Sparkle L. Sooknanan bloqueó recientemente y por 14 días la deportación de unos 600 niños guatemaltecos que llegaron sin sus padres, luego de que autoridades intentaran embarcarlos en vuelos hacia su país de origen. La magistrada ordenó que los menores regresen a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados mientras avanza la disputa legal, al considerar que 'tienen casos pendientes en tribunales' y que 'forzar' su repatriación podría 'violar leyes federales de protección infantil'. Organizaciones denunciaron que el gobierno 'trasladaba ilegalmente' a los niños a custodia de ICE 'para acelerar' su expulsión, lo que igualmente escaló la alarma entre defensores y provocó demandas en distintos estados. Mientras tanto, y a propósito del tema migratorio ampliamente relacionado con EEUU, las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica, con apoyo de la ONU, se reunieron en días recientes y alertaron sobre un aumento de la 'migración inversa' desde Estados Unidos y México hacia el sur, tras las restricciones en la Selva del Darién y también atribuyéndolo al endurecimiento de las políticas migratorias. Más de 14.000 personas habrían emprendido el retorno, 'expuestas a redes de tráfico, violencia sexual, extorsiones y desprotección institucional'. El informe urge además a crear 'mecanismos trinacionales' de protección, acceso a justicia y coordinación humanitaria para la garantía de un 'retorno seguro' y prevenir 'nuevas violaciones de derechos humanos'. Cuando los fallos referidos son volátiles, y la situación en general, el reporte continúa en desarrollo.
Vía: France 24 • AP • Reuters • Noticias Telemundo • Caracol Radio • CBS
