🕒 Última actualización:
septiembre 08, 2025
La madrugada de hoy, un operativo de la Armada Nacional terminó en tragedia en las aguas del Pacífico nariñense. Un equipo de guardacostas abrió fuego contra la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda. En el ataque perdió la vida Luis Fernando Sánchez, asesor de la mandataria, y resultó herido un escolta de la Policía. La alcaldesa salió ilesa, pero el hecho habría generado preocupación por la manera en que se manejan los retenes en zonas de alta conflictividad. La versión oficial de la Armada señaló que el bote habría navegado 'en la oscuridad, a alta velocidad y sin luces', lo que habría llevado a los uniformados a disparar 'siguiendo las reglas de uso de la fuerza'. Sin embargo, líderes sociales de la región calificaron el hecho como una “confusión evitable” y cuestionaron que se haya disparado contra una embarcación 'que no respondió con fuego'.
El Presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, atribuyendo el suceso a un 'incumplimiento de protocolos de seguridad' en el retén de la Armada en Tumaco. El mandatario manifestó condolencias a la familia del asesor fallecido y solicitó que la investigación avance con “todo rigor”. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, pidiendo una 'indagación exhaustiva y transparente que garantice verdad y justicia' para los afectados. La Procuraduría abrió una indagación disciplinaria contra la unidad militar involucrada. La entidad solicitó la declaración de la alcaldesa, así como copia de los protocolos de la Armada para interceptar naves y los permisos de tránsito de la embarcación. Con estas pruebas, la Procuraduría definiría si formula cargos contra los oficiales responsables. Este paso pretendería esclarecer responsabilidades más allá de lo narrado por la fuerza pública.
El contexto de la región complicaría la reacción antr el incidente. Nariño y la costa Pacífica colombiana enfrentan una compleja disputa territorial entre grupos armados ilegales que se financiarían del narcotráfico y la minería ilegal. Los retenes militares en ríos y costas son habituales, pero errores en su aplicación alimentarían una desconfianza de la población civil frente a las fuerzas del Estado. El hecho ocurre, además, en medio de una ola de violencia nacional, con secuestros, atentados y asesinatos selectivos. Este episodio representaría un nuevo reto para el Gobierno Nacional, que ya enfrenta críticas por presuntamente 'privilegiar el diálogo con grupos ilegales' en lugar de una 'confrontación directa'. Mientras la oposición lo acusa de 'debilidad', las comunidades reclaman mayor seguridad 'sin excesos militares que cobren vidas inocentes'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • La Silla Vacía
