🕒 Última actualización:
septiembre 28, 2025
Las autoridades habrían descubierto a una pareja que produciría medicamentos y suplementos alimenticios en una vivienda de Neiva sin medidas de salubridad y utilizando insumos de 'pésima calidad'. El hallazgo habría destapado una red de distribución ilegal que alcanzaría a varias ciudades del país y del extranjero. Uniformados del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional llegaron hasta la vivienda, quienes en un operativo de allanamiento capturaron a Hilver Franco Montero y a la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavides, señalados como los presuntos responsables de la producción y comercialización de los productos adulterados.
Según la investigación, la pareja elaboraba suplementos y artículos con medicamentos vencidos de uso inyectable y oral, además de harinas e insumos sin estudios sobre sus efectos en la salud humana. A ello se sumarían sustancias que no contarían con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), lo que aumentaría el riesgo para los consumidores. En los procedimientos fueron incautadas 39 cajas con 3.978 frascos de diferentes marcas y gramajes con rótulos y etiquetas de seguridad, 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho y tapas plásticas y metálicas. También se habrían encontrado máquinas empleadas para la preparación de los suplementos, así como facturas que evidenciarían las ventas realizadas.
Los productos serían embalados, rotulados y almacenados además en condiciones precarias, para luego ser ofertados a través de plataformas digitales. Su distribución habría llegado a dispensarios, droguerías y centros de rendimiento físico en Ibagué, Neiva, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Popayán, Cereté e incluso distintas ciudades de Ecuador. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de 'corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico agravado', cargos que no aceptaron. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y, a petición de la Fiscalía, ordenó además la suspensión del poder dispositivo de dominio (de la facultad de disponer de este) con fines de comiso sobre uno de los inmuebles utilizados en la actividad.
Vía: El Cronista
