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septiembre 29, 2025
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación preliminar contra 20 senadores del Pacto Histórico por presuntos gastos indebidos en transporte aéreo durante las campañas de 2022. Según el alto tribunal, se detectaron 'maniobras contables' con las que se hicieron pasar como parte de la campaña legislativa vuelos que en realidad habrían beneficiado la aspiración presidencial del Presidente Gustavo Petro. Aunque se archivó el proceso contra los congresistas, la Corte habría dispuesto compulsar copias a otras autoridades para que determinen posibles responsabilidades. Lo reporta Revista Cambio. De acuerdo con una investigación de este último recogida en el fallo, el origen de la trama habría estado en una reunión del 5 de febrero de 2022, donde el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de la campaña al Senado y hoy ministro de Salud, y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, habrían participado en la decisión de contratar a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). Dos días después se firmaron contratos: uno por $1.215 millones a nombre de la campaña al Senado y otro vinculado a la precampaña presidencial.
En total se registraron 27 vuelos, gestionados en su mayoría por Laura Sarabia para la agenda del entonces precandidato. Entre los pasajeros habituales figuraron Gustavo Petro, miembros de su familia, su esquema de seguridad y colaboradores cercanos como Armando Benedetti. También aparece el hacker español Ramón Devesa, vinculado con un video sobre la devolución de $500 millones, dinero presuntamente asociado con un aporte de "Papá Pitufo", 'el zar del contrabando', que Petro habría ordenado devolver. Aunque varios trayectos inicialmente quedaron registrados como de la “Campaña Petro”, los formatos y registros posteriores habrían sido modificados para aparecer como gastos de la “Campaña Senado”. La revisión de facturas habría evidenciado otras irregularidades: una factura inicial por $2.324 millones a nombre de Ricardo Roa habría sido anulada y sustituida por varias partidas que redistribuían los servicios. En algunos documentos los trayectos llegaron a registrarse como traslados en “helicóptero”, aunque la bitácora de vuelo confirmaría que se habrían usado aviones asociados a la agenda presidencial. Para 'ocultar' el gasto real, según el reporte, los $1.215 millones se habrían distribuido entre los 20 senadores elegidos, consignándolos como tiquetes aéreos; así, en los reportes al Consejo Nacional Electoral (CNE) cada candidato figuró con un gasto aproximado de $60 millones. Además, que esta movida habría permitido que el informe global, avalado por directivos del Polo Democrático y el auditor del movimiento, indujera 'en error' al CNE, que posteriormente aprobó la respectiva reposición de votos por $14.415 millones.
La Corte concluye que, al deshacerse la manipulación o movida, la campaña de Petro habría superado el tope de gastos en al menos $1.215 millones, monto que terminó siendo reconocido como gasto estatal. Expertos consultados por el medio referido consideraron 'poco creíble' que una operación 'tan elaborada' haya sido un error administrativo. Aunque el alto tribunal dejó en claro que no se probó dolo (intención deliberada de cometer un delito) directo por parte de los senadores del Pacto Histórico, sí señaló 'negligencia' por parte de quienes suscribieron y validaron los informes. Por ello archivó el proceso contra los congresistas, pero en su decisión, reportada por Cambio, habría dispuesto compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a Guillermo Alfonso Jaramillo, Ricardo Roa y al asesor jurídico Jonathan Ramírez Nieves, y remitió antecedentes al CNE para que evalúe la posible recuperación de recursos girados de manera irregular. La Corte, además, descartó vínculos directos de las avionetas utilizadas con actividades de narcotráfico, a pesar de que el contrato con la Sociedad Aérea de Ibagué estuvo bajo sospecha en torno a un decomiso de cocaína en Providencia que motivó la apertura de la investigación. En resumen, el fallo evidenciaría un posible fraude contable que habría favorecido la campaña presidencial, y el caso podría tener repercusiones ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La FM
