🕒 Última actualización:
septiembre 16, 2025
Estados Unidos anunció hoy la descertificación de Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico, argumentando que en el último año el país habría incumplido “de manera demostrable sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales”. La decisión es la primera en 28 años y ubica a Colombia en la misma lista que Bolivia, Burma, Venezuela y Afganistán. Sin embargo, la medida no sería absoluta: Washington precisó que mantendría la cooperación y asistencia militar por considerarla “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. Según el documento oficial, esa ayuda equivale a más de 450 millones de dólares en cooperación para la Fuerza Pública, que incluye entrenamientos, inteligencia compartida y ejercicios militares. Con ello, Trump matizó el alcance de la descertificación, señalando que, aunque el gobierno colombiano habría 'fallado' en sus obligaciones, las instituciones colombianas y autoridades municipales “continúan mostrando coraje y habilidades” para enfrentar al crimen organizado. La advertencia dejaría la puerta abierta a un cambio de estatus si Colombia asume una estrategia 'más agresiva' en erradicación de cultivos y control del tráfico de drogas. Recientemente se conoció una respuesta oficial de la Embajada de Colombia en Washington, que dijo rechazar “categóricamente” la decisión y defendió 'logros históricos en incautaciones, destrucción de laboratorios, extradiciones y cooperación judicial'. Es una respuesta similar a la de la Cancillería, que calificó de "meramente política" la decisión. El Gobierno Nacional mencionó que su enfoque pretendería perseguir a los narcotraficantes en lugar de 'criminalizar a los campesinos', y que la lucha antidrogas debería ser 'integral y compartida', incluyendo una reducción de la demanda en países consumidores (como EEUU) y el 'combate al tráfico de armas'.
Entre los argumentos de Washington destacan que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord durante el actual gobierno, que Colombia habría incumplido sus metas de erradicación y que los acercamientos con grupos “narcoterroristas” habrian 'agravado la crisis'. En contraste, desde distintos sectores en Colombia se recordaba que el país ya había enfrentado una situación similar en 1996, durante la presidencia de Ernesto Samper. Es la segunda vez en la historia del país. El Presidente Gustavo Petro anunció primero la descertificación desde un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. En medio de todo, allí aseguró que “se afecta de una u otra manera el pueblo colombiano”, pero que no aceptaría 'chantajes externos'. Restó importancia a la posibilidad de pérdida de asistencia económica, comparándola con las pérdidas 'que ocasiona la deuda externa y las altas tasas de interés'. Al mismo tiempo, dijo celebrar que la medida elimine 'la presión' de aplicar erradicación forzada de cultivos, lo que en su opinión permitiría 'evitar muertes de policías y campesinos' en ese tipo de operativos. Petro también señaló que EEUU habría sido 'incapaz' de frenar el consumo de fentanilo y cocaína, al punto de que, según él, debería “ser descertificado”. Además, cuestionó la dependencia histórica del Ejército colombiano frente al armamento donado por EEUU, insistiendo en que las Fuerzas Militares deberían financiar su equipamiento con 'recursos propios' para una 'verdadera soberanía nacional'. “Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional”, afirmó.
De fondo, el panorama abriría un dilema estratégico, según reportan medios. Petro y su eventual sucesor deberían decidir entre ajustar la política antidrogas hacia los lineamientos exigidos por Washington, como la erradicación masiva, o mantener la ruta alternativa con énfasis en sustitución voluntaria, enfoque social y autonomía militar. La primera opción podría recuperar la certificación en 2026, pero implicaría revivir fórmulas cuestionadas en el pasado; la segunda reforzaría la soberanía colombiana, aunque con el riesgo de deteriorar aún más la alianza. En paralelo a la controversia diplomática, en las últimas horas el gobierno colombiano anunció el aumento de la recompensa por alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia Farc y considerado el criminal más buscado del país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la cifra pasó de $4.450 a $5.000 millones tras un consejo extraordinario de seguridad en Popayán, Cauca, donde los ataques de disidentes dejaron policías muertos y heridos este fin de semana. También se fijó una recompensa de hasta $4.500 millones por alias Marlon, otro jefe guerrillero señalado de recientes acciones terroristas en la región. Con ello, el gobierno pretendería escalar una determinación en el combate interno al narco y a los grupos armados ilegales. Y en medio de las reavivadas tensiones con Washington, este martes 16 de septiembre se reportó que el Ministro del Interior Armando Benedetti anunciaba que se suspendía la compra de armas a EEUU, y que se buscarían nuevos socios. Medios como La Silla Vacía mencionaban que Indumil no tendría la capacidad de abastecer 'plenamente' a las Fuerzas Militares. Y se conoció que Petro anunció la captura en Montería y autorizó la extradición a EEUU de John Jairo García alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo requerido por narcotráfico en Texas. No obstante, se han negado extradiciones a otros capos. El reporte continúa en constante desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • NTN24 • El Espectador • La Silla Vacía • W Radio • Noticias Caracol • Revista Cambio • Revista Semana
