🕒 Última actualización:
septiembre 15, 2025
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Zapateiro, por el presunto delito de tráfico de influencias. La decisión se dio luego de que el sargento retirado Alexander Chala Sáenz revelara presuntas pruebas que comprometerían a los dos oficiales en retiro en supuestos acuerdos irregulares relacionados con la firma de contratos estatales. Las denuncias salieron a la luz el 2 de agosto de 2025, cuando Chala publicó en la red X varios mensajes acompañados de capturas de pantalla de supuestos chats entre Sánchez y Zapateiro. Según el denunciante, en esas conversaciones se discutía cómo gestionar un contrato de la Industria Militar (Indumil, la empresa estatal de armas y explosivos) 'sin el conocimiento ni la autorización' del Presidente Gustavo Petro, considerándolo un 'acto de deslealtad grave' hacia el mandatario.
De acuerdo con las publicaciones, los mensajes señalaban que “ese contrato no debía pasar por Presidencia, todo directo con MDN (Ministerio de Defensa)”, a lo que supuestamente el ministro respondió que estaba “todo organizado como en años pasados: directo por Indumil”. Incluso, en la denuncia se dijo que en los chats se hablaría de 'acuerdos, favores y reuniones en el Comando General', lo cual, según Chala, confirmaría que se actuaba 'deliberadamente' a espaldas de la Presidencia. Ante estas acusaciones, Pedro Sánchez reaccionó interponiendo varias denuncias penales contra Chala. El ministro dijo haber radicado procesos por falsedad en documento privado, denuncia falsa, injuria y calumnia agravada, argumentando que las imputaciones serían 'difamatorias' y un presunto intento por 'desestabilizar' al Gobierno Nacional. Según él, las acusaciones afectarían su reputación personal, pero que también buscarían 'dividir' a las Fuerzas Armadas y 'debilitar' la confianza entre ellas y el presidente Petro.
El caso ha generado amplias reacciones. Mientras algunos sectores pidieron que el ministro se apartara de su cargo de manera temporal hasta que se aclare la situación, Sánchez ha dicho que no abandonaría sus funciones en el Ministerio de Defensa. En declaraciones públicas, catalogó las acusaciones como un 'ataque grave' contra la institucionalidad y un riesgo en un momento de “gran complejidad y volatilidad” para el país. Ahora será la Fiscalía, a través de la once delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la que determine si los hechos denunciados constituirían un delito. De confirmarse la validez de las pruebas, se procedería a la imputación de cargos contra Sánchez y Zapateiro. Por el momento, el ente investigador avanza en la recolección de información para establecer si los chats son auténticos o si se trataría de un montaje. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • La Silla Vacía
