🕒 Última actualización:
septiembre 20, 2025
En Ibagué, la Unidad de Víctimas anunció la entrega de indemnizaciones a más de 135 personas afectadas por el conflicto armado, con un monto superior a los $1.250 millones. El director Nacional de Reparación Integral, Sergio Andrés Agón Martínez, explicó que en octubre se realizarían los pagos individuales a 100 víctimas registradas en la ciudad. Durante su visita, el funcionario mencionó la gestión de la administración local, señalando que, en el marco de la Mesa de Víctimas liderada por la alcaldesa Johana Aranda, se habrían presentado 'avances importantes' relacionados con proyectos de reparación y acompañamiento. Uno de los puntos más relevantes habría sido el anuncio de la posible construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas de Conflicto Armado (Cravic). Para ello, la Aranda habría ofrecido un bien inmueble que podría ser entregado a la mesa de víctimas para ser puesto al servicio de esta población.
La alcaldesa precisó que el lote destinado se encontraría en el sector de La Arboleda, donde se busca construir el Cravic. Según ella, el espacio garantizaría 'atención integral, acompañamiento psicosocial y acceso a los programas de reparación', en un entorno especializado para atender a las víctimas. Además de las indemnizaciones y del proyecto de infraestructura, se habrían socializado iniciativas en materia de vivienda, proyectos productivos con apoyo del Gobierno Nacional y el avance del Plan Retorno en Villa del Sol. Estas propuestas pretenderían ampliar oportunidades de reparación y llevar a condiciones dignas para los afectados. Finalmente, la administración local argumentó compromiso de participación en el Comité de Justicia Transicional y en la creación de un Consejo de Reforma Agraria. Este último se proyectaría como un escenario de diálogo y concertación para la búsqueda de soluciones de fondo para la población víctima en el territorio. Este reporte está en desarrollo. Y a propósito de la Unidad para las Víctimas, hoy también se reportaba que esta entidad, clave en la reparación de más de diez millones de afectados por el conflicto armado, estaría presuntamente bajo control de un clan político liderado por el senador Gustavo Adolfo Moreno (Alianza Verde) y cercano al Gobierno Nacional, con posibles fines electorales de cara a 2026 y 'presiones' a funcionarios críticos. Lo reportó Revista Semana.
Con un presupuesto anual de $4,5 billones, la entidad habría sido 'copada' desde 2024 con supuestos nombramientos de 'allegados al congresista', algunos vinculados al ELN, consolidándose en 2025 con la llegada del director Adith Rafael Romero, cuestionado por una falta de experiencia. Además, que entre los beneficiados aparecerían financiadores de campañas y funcionarios vinculados a la política regional de Santander, lo que habría generado denuncias de 'clientelismo y captura institucional'. El manejo de la Unidad ha sido señalado por prácticas de corrupción como 'sobrecostos en contrataciones, manipulación de facturas y pagos irregulares en eventos comunitarios'. Además, persisten denuncias de presunto 'maltrato laboral, represalias contra quienes critican la gestión y retención de honorarios a contratistas', mientras la ejecución del Fondo de Reparación llegaría solo a un 25% y las medidas de reparación al 9%. Recientemente se conoció que La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la Unidad de Víctimas por las denuncias. La congresista Marelen Castillo criticó la situación. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • Infobae • Revista Semana
