🕒 Última actualización:
septiembre 22, 2025
La Interpol emitió una circular roja para la captura de Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y miembro de la Alianza Verde, señalado por 'corrupción, apropiación indebida y blanqueo de capitales' en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La orden responde a acusaciones de sobornos millonarios destinados a favorecer proyectos legislativos del Gobierno Nacional. Según Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en septiembre de 2023 González habría ordenado el pago de $4.000 millones a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Dichos recursos habrían sido entregados en efectivo y provendrían de contratos de la entidad. Las reuniones para coordinar estas transacciones se habrían realizado en la sede presidencial entre septiembre y octubre de ese año.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su reclusión preventiva en un centro penitenciario, tras la imputación de cargos presentada en mayo por la fiscal María Cristina Patiño. Sin embargo, antes de que se ejecutara la medida, González salió de Colombia en noviembre de 2024 y se instaló en Nicaragua, donde obtuvo residencia con respaldo de la embajada colombiana en Managua (Nicaragua). El gobierno nicaragüense, además, ha negado la solicitud de extradición. Los trámites para involucrar a la Interpol se iniciaron en julio de 2025, pero hasta septiembre se avaló la circular roja, lo que ahora autorizaría a las policías de 196 países a buscar y detener al exfuncionario.
El Colombiano, sin embargo, reportó que el asilo político concedido por Nicaragua limitaría el alcance real de la medida, pues esta solo tendría efecto si González abandona ese país y pisa territorio donde se reconozca la alerta. De lo contrario, la circular internacional se sería un recurso más simbólico que efectivo. El Presidente Gustavo Petro se pronunció en agosto sobre la situación y dijo que la justicia colombiana requeriría a González, solicitando formalmente al gobierno de Nicaragua 'que lo entregue'. Este caso ha generado tensiones diplomáticas, mientras la Fiscalía asegura que continuaría adelantando diligencias para 'robustecer el proceso judicial' en su contra. Hasta el momento, más de seis personas han sido judicializadas o sentenciadas en relación con este escándalo de corrupción. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • El Colombiano
