🕒 Última actualización:
septiembre 09, 2025
La Contraloría General de la República alertó sobre lo que sería una situación financiera y administrativa grave de la Nueva EPS, la más grande del país, tras un operativo realizado en julio. La Policía Judicial de la entidad recopiló pruebas físicas, imágenes forenses y testimonios que mostrarían amplias irregularidades desde 2022 hasta mediados de 2025. Entre los hallazgos se incluirían un aumento de anticipos de $3,4 a $8,6 billones de pesos entre 2023 y 2024, facturas pendientes por $13,2 billones, contratos con documentación incompleta y cuentas por pagar que alcanzarían los $21,37 billones a marzo de 2025. La Contraloría advirtió que esta situación comprometería la sostenibilidad de la EPS y la atención a los afiliados, a pesar de la intervención de la Superintendencia de Salud. A propósito, ayer se reportaba que el Gobierno Nacional reiteraba en Ibagué una necesidad de una 'reforma estructural' al sistema de salud, al referir que el modelo actual habría alcanzado su límite y no garantizaría el derecho universal a la atención. Según el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, de las 157 EPS que existían hace algunos años, hoy funcionarían 28 y apenas 2 cumplirían con los indicadores de solvencia financiera.
La reforma propondría reorganizar el sistema en torno a la 'prevención, la eficiencia y la cercanía territorial', eliminando la intermediación financiera de las EPS 'para que los recursos lleguen directamente' a hospitales y clínicas, con un enfoque preventivo 'que acerque los servicios de salud a las comunidades'. El modelo planteado contemplaría que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) actúe como pagador único del sistema, distribuyendo los recursos en tres cuentas: atención primaria, fortalecimiento hospitalario y servicios de mediana y alta complejidad. Según el gobierno, permitiría una 'mayor transparencia, control y trazabilidad' de los dineros públicos, además de 'pagos oportunos' a los prestadores de salud y 'evitar cierres de servicios o paros médicos' que afecten la atención a los usuarios. Asimismo, que la reforma pretendería fortalecer la organización territorial del sistema mediante 10 regiones y 119 subregiones sanitarias, 'asegurando que los servicios básicos estén disponibles incluso en municipios alejados de las capitales'. A propósito de la Nueva EPS, los problemas se reflejan directamente en los usuarios. Un caso reciente en Ibagué habría acentuado la gravedad de la situación: hace unos días, una mujer con secuelas de accidente cerebrovascular se encadenó en la sede de la EPS para exigir que se le autoricen exámenes médicos que llevan meses siendo negados. A pesar de haber interpuesto una tutela desde mayo, la paciente aún no recibía atención adecuada.
Volviendo a lo planteado por el viceministro Martínez Saldarriaga, mencionó que la intervención de la Nueva EPS permitiría 'identificar fallas estructurales' y garantizar la participación del Estado 'para que los recursos lleguen directamente a los prestadores de salud'. Mientras se discute la reforma en el Congreso, los usuarios continúan enfrentando demoras y barreras de acceso, lo que reforzaría una urgencia de transformar el sistema. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales continúan siendo cuestionadas, particularmente las intervenciones a las EPS. También en horas recientes, el presidente global de salud del Grupo Keralty, Juan Pablo Rueda, denunció que la intervención de la EPS Sanitas por parte del gobierno habría dejado 'resultados devastadores', incluyendo escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud 'erosionado'. Rueda mencionó que la intervención fue consecuencia de una presunta 'financiación insuficiente' del gobierno y que el deterioro financiero y de servicios se habría profundizado durante los 17 meses de intervención. Por eso, que se exige una 'reparación inmediata' del 'daño causado a los usuarios', una restitución administrativa de la EPS, un cumplimiento de pagos pendientes y una 'garantía de estabilidad financiera', señalando que la situación, si no se resuelve, podría complicar más el cierre de hospitales y una falta de acceso a servicios de salud. Sanitas regresó a Keralty luego de un fallo de la Corte Constitucional que ordenó devolverle el control al considerar que la intervención carecía de justificación legal suficiente. Según Rueda, habría un deterioro patrimonial de $1,7 billones de pesos que incrementaría sus obligaciones con prestadores y proveedores, aumento de 40% en quejas y duplicación del número de tutelas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Alerta Tolima • El Olfato • La Silla Vacía • Caracol Radio • W Radio
