🕒 Última actualización:
septiembre 09, 2025
El Gobierno Nacional aún no habría girado cerca de $49 mil millones destinados a proyectos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), según este último, recursos que serían necesarios para obras como la rehabilitación de la carrera Quinta, la instalación de paraderos tipo banderín y la actualización de la red semafórica. Aquileo Medina, gerente del SETP, señaló que los contratistas presentarían pronto sus cuentas de cobro, pero que los fondos completos aún no estarían disponibles para realizar los pagos. Además, que de $58 mil millones adjudicados para los proyectos, se han recibido $8.900 millones, provenientes del año anterior. Aunque la entidad tendría $50 mil millones en bancos que generarían dividendos (beneficios o ganancias por inversión) para cubrir gastos operativos, se dijo que una falta de giros afectaría la ejecución de las obras y podría llevar a utilizar los recursos disponibles en caja 'para cumplir con los compromisos pactados'. Esto sucede en medio de una compleja situación, que también refiere a cuestionamientos por retrasos o pocos avances en obras del sistema (para mayor contexto, buscar en el blog).
En medio de las controversias, hace una semana se reportaba que la veeduría Veemovil había ganado una tutela que obligaría al SETP a entregar información sobre los contratos relacionados con las intervenciones del IBAL, incluyendo trabajos de alcantarillado que coinciden con tramos en los que se habrían presentado retrasos. Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría, dijo entocnes que la información debería dar claridad sobre los contratos y 'evitar que los usuarios y ciudadanos desconocieran los motivos de los retrasos'. A propósito, hoy se reportaba que el gerente del SETP había explicado que unos retrasos en la carrera Quinta, entre calles 10 y 15, se deberían a la intervención del IBAL en la instalación de un tubo de 20 pulgadas en un tramo de aproximadamente 130 metros, lo que había detenido temporalmente la rehabilitación de la malla vial. Además, que el contrato para el cambio de semáforos, inicialmente previsto para cinco meses, se había extendido a ocho meses con una suspensión adicional de 15 días, en lo que serían problemas de coordinación entre contratistas y entidades municipales.
Y a propósito de situaciones entre veedurías y la administración local, particularmente por el SETP, también hace una semana se reportaba que la Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre y la Asociación ASOTPC denunciaron que el SETP, la Alcaldía de Ibagué y las empresas operadoras no cumplirían con garantizar un 'transporte público incluyente y de calidad'. En ese sentido, que a pesar de mesas técnicas de movilidad reducida con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, no se habrían firmado 'compromisos efectivos' que aseguren la accesibilidad para personas con movilidad reducida ni se implementan planes claros de ejecución. Este tema ya se había mencionado en el pasado. Las críticas también alcanzan a las empresas Cotrautol, Expreso Ibagué y Movilizando Ibagué, acusadas de presunta falta de voluntad para operar buses con plataformas adecuadas. Según la Asociación ASOTPC, el sistema funcionaría con 'improvisación y altos sobrecostos' para los propietarios, mientras la administración local admitió que los operadores carecerían de recursos para sostener la operación y administrar la flota, lo que mantendría a cientos de personas con movilidad reducida en condiciones de exclusión y a los usuarios en un transporte deficiente. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • CambioIn • La Voz del Pueblo
