🕒 Última actualización:
septiembre 16, 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su política de secuestros: Rodrigo Londoño (Timochenko), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra (El Médico), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez). El tribunal los declaró 'máximos responsables' por delitos que incluyen la toma de rehenes, homicidios, privaciones graves de la libertad y crímenes de lesa humanidad, e impuso ocho años de sanciones propias en el marco del caso 001. Las sanciones ordenadas son reparatorias y no privativas de la libertad: trabajos para la búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, sustitución de cultivos, recuperación ambiental y formas de reparación simbólica. La sentencia contempla control y seguimiento (visitas presenciales, monitoreo de la ONU y vigilancia remota con dispositivos de georreferenciación) y establece que el cumplimiento no sería incompatible con la actividad política 'siempre que no se incurra en negacionismo del conflicto y sus crímenes'. No obstante, los excomandantes no cumplirán la totalidad del tiempo porque el Acuerdo de Paz de 2016, que dio origen a la JEP, permite descontar días de sanción por trabajos con contenido reparador realizados antes de la sentencia. En ese sentido, tienen 40 proyectos certificados, y cada uno de los miembros tendría rebajas de entre siete y once meses, de acuerdo con su grado de participación.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo que por primera vez los máximos responsables admiten públicamente su participación en estos crímenes y aportan versiones 'que contribuyen a la verdad'. El expediente recogió 402 testimonios de exintegrantes de las Farc y reconoció a más de 4.000 víctimas en el proceso. La jurisdicción atribuye a la estrategia de secuestros más de 21.000 víctimas durante el conflicto. En paralelo, los exjefes sancionados emitieron un comunicado en el que dijeron aceptar la sanción, calificaron el secuestro como “crimen de guerra” y una “carga moral” que habrúa 'enlodado' la 'ética revolucionaria' que decían defender. Reconocieron que el sufrimiento causado “no tiene reparación plena” y reiteraron un “perdón claro y directo” a las víctimas, sus familias y a la sociedad. Además, que ya han comparecido en más de 400 diligencias, muchas de ellas 'frente a las víctimas', y señalaron que la sanción sería un mandato legal, pero también un “compromiso ético y político” con el país. Además, insistieron en una necesidad de que la JEP unifique procesos y 'aclare' la viabilidad de las sanciones, así como en brindar garantías jurídicas a los excombatientes que se acogieron al Acuerdo de La Habana. Concluyeron reafirmando que “este es un paso más en el camino de la reconciliación” y que pretenderían 'aportar a una paz estable y duradera tras más de seis décadas de guerra'. Entre los puntos más controvertidos del fallo estuvo la imputación por esclavitud, que la defensa de los exFarc rechazó argumentando que no hubo 'servidumbre permanente' ni 'explotación total', una tesis que llevó a recursos y tutelas que la JEP negó.
La reacción entre víctimas y sectores del país fue mayoritariamente crítica. Exmilitares y civiles que sufrieron secuestros prolongados, como el general retirado Luis Mendieta, el coronel Javier Rodríguez, el sargento Arbey Delgado y otros, calificaron la pena de 'insuficiente', denunciaron 'demora' en el fallo y manifestaron que la sanción favorecería a quienes ya han tenido acceso a cargos y recursos políticos desde la implementación del acuerdo. Para esas víctimas, ocho años en un régimen de sanciones propias no saldarían 'años de trato inhumano ni la destrucción de proyectos de vida y familias'. En general, la resolución recogió además imputaciones por tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado, desapariciones y homicidios, lo que subrayaría la complejidad del caso. La ONU, a través del Sistema en Colombia y la Misión de Verificación, reconoció este fallo como un 'hito en los procesos de paz' y destacó un valor del reconocimiento de responsabilidad hecho por los exjefes guerrilleros. Sin embargo, advirtió que sería 'crucial' implementar las sanciones 'a cabalidad', con 'garantías de seguridad y recursos suficientes por parte del Estado, para que realmente aporten a la reparación, la reconciliación y la no repetición'. El veredicto reavivó así un debate político y social: analistas valoran el precedente histórico, pero víctimas y otros sectores críticos lo ven como una forma de impunidad, según recogen medios a lo largo del día. Así las cosas, el reto central de la JEP seguiría siendo transformar sanciones simbólicas en resultados tangibles, en el marco del conflicto y la violencia que persiste en el país.
Vía: BBC • Revista Cambio • Blu Radio • La Silla Vacía
