🕒 Última actualización:
septiembre 19, 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, responsables de más de 135 “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en la región Caribe. Los condenados recibieron la máxima sanción de ocho años, que combina restricciones de movilidad en Valledupar (Cesar) con trabajos, obras y acciones restaurativas (TOAR) que serían para reparar a las víctimas, incluidas comunidades indígenas como los pueblos Kankuamo y Wiwa. Esta decisión se conoció dos días después de la sentencia contra el último Secretariado de las Farc, en lo que buscaría equilibrar la justicia transicional entre los crímenes de la guerrilla y la fuerza pública. Entre las víctimas hubo civiles, guerrilleros, paramilitares y personas vulnerables engañadas con promesas de empleo o negocio. La JEP identificó dos patrones macrocriminales: una alianza entre la fuerza pública y paramilitares para fabricar bajas en combate, y el asesinato sistemático de personas vulnerables. Los condenados fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo 'homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución'.
La sentencia aplicó la misma pena de ocho años que a los máximos excomandantes de las Farc, refiriéndose que la responsabilidad recaería también en quienes cometieron directamente los crímenes, no solo en los mandos superiores. Soldados como Juan Carlos Soto fueron condenados por homicidios directos y coordinación con paramilitares, equiparando su sanción a la de líderes guerrilleros. Las sanciones incluyen residencia obligatoria en Valledupar, horarios controlados y geolocalización electrónica, además de participación en proyectos restaurativos locales, como construcción de mausoleos, centros culturales y programas de armonización territorial. Los proyectos tendrían un alto componente territorial y étnico, en lo que pretendería reparación simbólica y material a las víctimas, además de fomentar la memoria histórica, infraestructura comunitaria y generación de ingresos. Entre los primeros proyectos se destacan la 'construcción de un mausoleo de 700 osarios, centros de armonización para los pueblos Kankuamo y Wiwa, y casas multipropósito de memoria y fortalecimiento productivo'. No obstante, la sentencia ha generado cuestionamientos de exmilitares y altos oficiales retirados, quienes consideran que la JEP habría aplicado 'restricciones más severas' a los exuniformados que a los exguerrilleros, 'limitando su movilidad y participación política mientras los líderes Farc gozan de libertad de desplazamiento'. Algunos señalaron que la decisión podría responsabilizar a altos mandos 'sin pruebas concretas' de órdenes directas y cuestionaron la legitimidad de la JEP. También criticaron la diferencia en la claridad de los compromisos de reparación: mientras los proyectos para la fuerza pública están definidos y financiados por el Estado, los de la guerrilla seguirían siendo 'más difusos y simbólicos'.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, alertó sobre una necesidad de 'garantizar recursos' para cumplir las sanciones y proyectos restaurativos. Además, que muchas entidades estatales aún no habrían apropiado los fondos necesarios, que habría decretos pendientes para definir habitabilidad y alimentación de los condenados, y que la cooperación internacional y privada no reemplazaría la obligación principal del Estado. Ramelli enfatizó que el debate de la ley de presupuesto del Gobierno Nacional sería 'clave' para asegurar que los TOAR se implementen correctamente y cumplan su propósito de reparación, seguridad y habitabilidad. Además, la JEP detalló mecanismos de monitoreo que serían para garantizar el cumplimiento de los TOAR: los condenados estarían geolocalizados mediante dispositivos electrónicos, con videollamadas de verificación y seguimiento diario de las actividades restaurativas. También se establecieron reglas específicas sobre horarios, desplazamientos y residencias temporales en inmuebles del Ministerio de Defensa o unidades militares cercanas, asegurando seguridad y control durante los proyectos. Esta supervisión complementaría las sanciones restaurativas y reforzaría un enfoque territorial y étnico de la justicia transicional en la región Caribe, con especial atención a las comunidades indígenas afectadas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio
