🕒 Última actualización:
septiembre 18, 2025
El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, habrían iniciado hoy en Doha (Catar) diálogos de paz formales. El acuerdo contemplaría una primera fase de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde el grupo armado mantiene amplia presencia. El Presidente Gustavo Petro lideraría la apuesta de alcanzar un pacto con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La declaración conjunta fue firmada por Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno, y Luis Armando Pérez, representante del Clan del Golfo. En ella se habrían acordado acciones iniciales que pretenderían consolidar confianza entre las partes e implementar un programa pedagógico de sustitución total de cultivos ilícitos.
Este plan se basaría en una 'participación voluntaria de comunidades, acompañamiento técnico y garantía de medios de vida alternativos'. El piloto se desarrollaría en Mutatá, Antioquia, y en los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el departamento de Chocó, frontera con Panamá. Estas regiones se habrían consolidado como bastiones o fuertes de la organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que convertiría su desmovilización en un 'desafío estratégico' para el Estado. En cuanto a compromisos, el Clan del Golfo habría asegurado que respetaría los derechos de niños, niñas y adolescentes 'como base de la construcción de paz', cumpliría con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no interferiría en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Esto pretendería dar un 'marco de confianza' para la viabilidad del proceso.
Por su parte, el gobierno reconoció la exigencia del Clan del Golfo de no ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar (recientemente fue reconocido como un Grupo Armado Organizado). Además, anunció que solicitaría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que acompañe el proceso para 'fortalecer su legitimidad y sostenibilidad'. Finalmente, ambas partes pidieron al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia asumir un rol de seguimiento, monitoreo y verificación de los acuerdos. Con ello, se pretendería garantizar una transparencia del proceso y confianza a comunidades afectadas, pero también a la comunidad internacional. Todo sucede en medio de una escalada en el complejo panorama del conflicto en el país. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • AFP
