🕒 Última actualización:
octubre 11, 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener el proceso de sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo tras valorar aportes que realizó en la audiencia de verdad plena llevada a cabo los días 20 y 21 de febrero. Las declaraciones, divulgadas por la JEP en días recientes, volvieron a poner nombres sobre la mesa y a reconstruir un presunto entramado de poder que, según Ashton, habría entrelazado a congresistas, empresarios, funcionarios públicos y paramilitares durante los años más complejos de la parapolítica en la Costa Caribe. En su comparecencia, Ashton explicó cómo el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas (AUC) habría operado como actor político, 'financiando campañas, imponiendo candidatos y controlando contratos y presupuestos'. Además, que esos pactos económicos, políticos y electorales habrían 'facilitado' la cooptación de instituciones públicas (incorporar a nuevos miembros en un grupo o institución por designación de los miembros, en lugar de una elección o sorteo externo) y la manipulación de procesos electorales en el Atlántico y la región Caribe, y describió 'la captura' de espacios institucionales que, en su relato, habrían legitimado y sostenido la influencia paramilitar.
Parte de su señalamiento incluye la reforma política de 2003 y el trámite de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz): Ashton sostiene que varias de las reformas y decisiones legislativas habrían favorecido intereses de las AUC y citó el papel de congresistas que habrían promovido artículos claves. Entre los ejemplos concretos que mencionó estaría la actuación del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien atribuye la promoción de artículos que 'beneficiaban a las autodefensas', como lo vinculado con sedición (alzamiento público y colectivo, generalmente violento, para impedir la aplicación de leyes) y con la alternatividad penal. Los nombres que aparecen en las versiones de Ashton serían numerosos y abarcarían a figuras tradicionales de la política costeña: Efraín Cepeda (Partido Conservador), David Char (Cambio Radical), Jorge Alberto Gerlein (Partido Conservador), Mario Enrique Varón Olarte (Partido Conservador) y Jaime Cervantes Várelo (Partido Liberal), además de exmandatarios regionales como Guillermo Hoenigsberg Bornacelly y Trino Luna Correa. También incluyó empresarios y contratistas, como David Name Terán (vinculado al 'clan Char', papá del senador José David Name, Partido de la U, y mencionó a Julio Gerlein Echeverría, Javier Haddad y otros que, a su juicio, habrían servido de puente económico o político con el Bloque Norte.
El relato no se limitaría sólo a personas: Ashton sostuvo que las redes paramilitares habrían penetrado instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa de servicios Triple A, usando contratos y nombramientos 'para obtener legitimidad social'. También, señaló una supuesta infiltración en organismos de seguridad y la utilización de espacios privados como puntos de encuentro entre empresarios, políticos y emisarios del paramilitarismo. La JEP resaltó el reconocimiento de responsabilidad política y moral de Ashton y un 'compromiso' con iniciativas de reparación, memoria y fortalecimiento social en el Atlántico y el Magdalena; además, por considerar que sus aportes serían 'novedosos y verificables', remitió copias de las declaraciones a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, en lo que pretendería que evalúen la procedencia de investigaciones penales. Esa remisión abriría la puerta a que los hechos denunciados sean revisados con alcance judicial más allá del marco de la JEP. Entre las reacciones conocidas al momento del reporte, Efraín Cepeda negó los vínculos que le atribuye Ashton, se dijo 'sorprendido' y anunció que denunciaría al exsenador por presunra calumnia. Además, que su carrera política sería “limpia” y rechazó cualquier acercamiento con grupos ilegales. En el contexto de la inminente carrera electoral hacia 2026, los señalamientos reavivarían el debate sobre la parapolítica en la Costa Caribe y dejarían en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema la decisión sobre si las versiones de Ashton derivan o no en procesos penales que profundicen la investigación sobre los presuntos pactos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • W Radio • Revista Cambio
