🕒 Última actualización:
octubre 17, 2025
Tras 13 días de protesta frente a la Alcaldía de Ibagué, durante los cuales transportadores permanecieron encadenados a sus busetas, se dio un acuerdo entre los conductores, propietarios de vehículos y la administración local. La manifestación se levantó luego de una reunión entre la alcaldesa Johana Aranda y los representantes de la Asociación TPC Colectivos, en la que se habrían definido siete puntos considerados clave para solucionar los conflictos. Michael Cepeda, vocero de los transportadores, explicó que la principal preocupación del gremio sería la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), especialmente la reducción del parque automotor 'debido a la sobreoferta'. Entre los acuerdos se habría incluido la revisión del estudio sobre oferta y demanda del sistema, que el gremio analizará antes del 28 de octubre, fecha en la que se realizaría una reunión de socialización con los responsables del análisis. Otro punto del acuerdo fue la consulta con el Ministerio de Transporte para evaluar la posibilidad de ampliar la vida útil de algunos vehículos mientras se encuentra una 'solución definitiva' a la sobreoferta.
Asimismo, se dijo que se retomaría una revisión del Fondo de Calidad y se habría garantizado que no habría sanciones ni comparendos para los conductores que participaron en la protesta. José Edilson Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana, refirió que entre los acuerdos también se incluiría una análisis de propuestas para extender la vida útil de los vehículos de transporte público. Por su parte, Cepeda indicó que la Asociación presentaría un proyecto destinado a 'pagar la sobreoferta, renovar el parque automotor y garantizar la viabilidad' del SETP en Ibagué'. El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) cuenta con una cofinanciación del 70% por parte del Gobierno Nacional y el 30% restante de la Alcaldía de Ibagué, con una inversión cercana a los $500 mil millones. Además, se programó una socialización de la propuesta de la Asociación con la administración local, incluyendo la revisión jurídica de la ampliación transitoria de la vida útil de los vehículos y la presentación de una propuesta técnica por parte de la Secretaría de Movilidad. Cepeda mencionó que, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, los transportadores habrían permanecido 'firmes' esperando un encuentro con la alcaldesa.
La próxima reunión estaría prevista para el 28 de octubre, donde se evaluarían los resultados del estudio y las propuestas presentadas. El acta del acuerdo también recogería un compromiso de la alcaldía de retirar los vehículos de la Plaza de Bolívar y garantizar que no habría represalias administrativas contra quienes participaron en las protestas. Los manifestantes reclamaban presunta mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), que, según ellos, amenazaría su capital. Entre sus exigencias estaba garantizar el pago de los 976 vehículos en servicio y cancelar los permisos de operación de las actuales empresas, medidas que la administración consideraba inviables. Aranda y la Secretaría de Movilidad habrían respondido legalmente a cada punto, asegurando que habría voluntad de implementar el SETP, pero sin comprometerse a cumplir exigencias que calificaron como 'irreales'. Los proyectos del Sistema Estratégico han sido ampliamente cuestionados por retrasos en su ejecución e irregularidades contractuales. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Voz del Pueblo • Caracol Radio • El Olfato
