🕒 Última actualización:
noviembre 05, 2025
La Alcaldía de Ibagué anunció el inicio de un proyecto de vivienda de interés social que beneficiaría a 158 familias del sector Hato de la Virgen, quienes actualmente vivirían en condiciones de riesgo a orillas de la quebrada del mismo nombre, en un caso ampliamente mediático en la ciudad. Esta iniciativa pretendería ofrecer soluciones habitacionales 'dignas y seguras' a comunidades vulnerables. El secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, explicó que el proyecto se ejecutaría en un lote ubicado en la Comuna 12, de propiedad del Municipio, el cual ya contaría con urbanización básica necesaria para el desarrollo de las obras. Este terreno dispondría de redes de alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público, lo que permitiría avanzar en la construcción de las viviendas.
De acuerdo con Saavedra, esta intervención sería el resultado de una gestión articulada entre diferentes dependencias municipales, que habrían trabajado de manera coordinada para atender una problemática social de larga data en la ciudad. “Este proceso ha tenido todo el apoyo de la alcaldesa Johana Aranda, quien busca mejorar la calidad de vida de los ibaguereños en todos los ámbitos. Próximamente daremos inicio a la ejecución de este proyecto de gran impacto”, señaló. Según se dijo, el conjunto habitacional incluiría las viviendas, pero también una adecuación de espacios comunes y zonas de convivencia. Según la administración local, el objetivo sería que las familias beneficiarias puedan desarrollarse en un 'entorno saludable, seguro' y con acceso a servicios e infraestructura 'de calidad'. Con esta obra, la alcaldía además pretendería una reducción del déficit habitacional y la reubicación de familias que habitan en zonas de alto riesgo.
En junio, el Consejo de Estado revocó (anuló) una orden de arresto impuesta a la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda dentro del proceso por el incumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la protección de la quebrada Hato de la Virgen. El alto tribunal sustituyó la sanción de 20 días de arresto, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por una multa de un salario mínimo legal mensual vigente, al considerar que la medida original 'desconocía el principio de legalidad'. En su análisis, la Sala consideró que la administración local 'ha adelantado gestiones técnicas, administrativas y presupuestales' para cumplir con la reubicación de las familias asentadas en la zona de riesgo (como la expedición del Decreto 1000-0055 de 2025 y la conformación de un comité que identificó 330 núcleos familiares, 158 de ellos con derecho prioritario a reubicación), aunque advirtió que la orden judicial aún no se había materializado completamente. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • Alerta Tolima • El Irreverente
