🕒 Última actualización:
noviembre 05, 2025
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la 'grave crisis' en el acceso a medicamentos y una 'creciente judicialización' del derecho a la salud en Colombia. En un informe llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, presentado en Barranquilla, la defensora del Pueblo, Iris Marín, mencionó que entre 2020 y 2025 se habrían radicado más de un millón de tutelas por temas de salud, siendo este el segundo derecho más invocado ante la Corte Constitucional. En ese sentido, que solo en 2025, el 33,8% de las tutelas se relacionarían con la salud y el 36,8% de ellas con una entrega inoportuna de medicamentos o insumos. El estudio habría mostrado que muchos pacientes deberían asumir 'por cuenta propia' el costo de tratamientos esenciales que las EPS no entregarían, llegando en algunos casos a destinar 'hasta el 90%' de sus ingresos mensuales. Según Marín, “en el fondo hay una causa estructural y son las inequidades sociales y económicas” que atravesarían el sistema. El informe habría analizado seis medicamentos considerados clave (Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico), evidenciando que su compra podría representar entre el 7% y el 90% del ingreso mensual, dependiendo del nivel socioeconómico de los usuarios.
A septiembre, la Defensoría habría identificado 584 medicamentos no entregados por el sistema. De 1.798 casos verificados, el 48% permanecería sin solución, mientras que el 61% de los encuestados habría asegurado haber tenido que comprarlos por su cuenta, 'especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas'. En departamentos como Nariño se habrían registrado 32 mil fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de unidades farmacéuticas sin entregar. En Sucre, todos los municipios habrían reportado fallas en el suministro, y Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia habrían encabezado la lista de territorios 'con mayor vulneración' del derecho a la salud. El informe advertiría que esta 'regresividad' afectaría a tratamientos de alto costo, pero también a medicamentos esenciales de atención primaria, reflejando un 'deterioro progresivo' del sistema. Marín señaló que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos habrían 'privilegiado' un interés comercial sobre uno institucional, generando 'barreras' que impedirían el acceso equitativo. “Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional y pueden instalarse de forma permanente si no se corrigen las inequidades”, afirmó.
Los problemas estructurales del sistema de salud no habrían dado tregua, con quejas, tutelas y demoras en la atención que aumentarían cada año. Entre 2022 y 2025, las quejas por atención médica habrían crecido un 79%, y las tutelas por salud habrían subido un 16%. De las nueve EPS intervenidas, seis habrían registrado incremento de quejas solo en junio de 2025. Esta situación mostraría, según la Defensoría, un 'colapso' en la capacidad institucional para garantizar el derecho a la salud y una 'sobrecarga económica' que golpearía 'de manera directa' a los hogares más vulnerables. Ante el panorama, la Defensoría pidió una 'reforma estructural' del sistema que “asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales”. La entidad insistió en que el Estado debería garantizar 'mecanismos efectivos' para una entrega oportuna y equitativa de los tratamientos, pues la falta de acceso a medicamentos vulneraría derechos fundamentales y pondría en riesgo la calidad de vida, e incluso la supervivencia de miles de colombianos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • La Silla Vacía
