🕒 Última actualización:
noviembre 13, 2025
El allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el exclusivo conjunto Lagos de Caujaral en Puerto Colombia (Atlántico), desató un escándalo político y judicial que involucra a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien lo habría ordenado. La diligencia, realizada por orden de la Sala de Instrucción, haría parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con la adquisición irregular de una mansión que habría pertenecido al empresario Alex Saab, presunto testaferro (persona que presta su nombre para que figure en un contrato o negocio que en realidad pertenece a otra persona) del presidente venezolano Nicolás Maduro. En la entrevista que dio tras el operativo, Benedetti calificó a Lombana como una “loca hijueputa”, lo que generó varias reacciones a favor y en contra, como rechazo por violencia verbal contra una servidora pública.
No obstante, según el relato en Caracol Radio de su esposa, Adelina Guerrero Covo, quien habría presenciado la diligencia, Lombana presuntamente actuó 'con prepotencia', le habría ordenado borrar fotografías que les habría tomado, le habría exigido su teléfono y la habría tratado de “ignorante”, impidiéndole comunicarse con su abogado. Guerrero denunció que la magistrada la habría mandado a callar y a sentarse, y que solo habría permitido la presencia de su defensa “para mantenerla calladita”. La tensión habría escalado cuando Lombana la acusó de 'poner en riesgo' la vida de los funcionarios por las declaraciones del ministro, mientras que Guerrero le reprochó siete años de supuesta 'persecución judicial', y la acusó de 'abuso de autoridad'. Benedetti, por su parte, insistió en que la diligencia habría sido 'ilegal', asegurando que Lombana no tendría competencia para investigarlo porque ya no es congresista. En medio de todo, también la catalogó de “demente” y “delincuente”. El Presidente Gustavo Petro lo respaldó en redes sociales, describiendo el procedimiento como “un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producido por una magistrada víctima de su propio odio”, en un mensaje que también ampliaría la confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.
El alto tribunal, en respuesta, dijo rechazar los 'ataques personales' y recordó que las decisiones en etapa de instrucción son 'autónomas', aunque de fondo deben tomarse 'de manera colegiada' (conjunta). Cristina Lombana, abogada de la Universidad Javeriana y exoficial del Ejército, ha sido una de las magistradas más polémicas del alto tribunal. Desde 2018 encabeza procesos contra Benedetti por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y nexos con contratos irregulares. En 2021 abrió una investigación formal al detectar un 'incremento patrimonial injustificado' de cerca de $3.000 millones entre 2002 y 2018. Benedetti habría intentado apartarla del caso, acusándola de 'parcialidad', pero la Corte ha ratificado su competencia. No obstante, el episodio del allanamiento y los ataques verbales han profundizado el debate sobre los límites entre el poder judicial y el Ejecutivo. Benedetti, por su parte, ha sido criticado por 'constante' violencia verbal hacia mujeres. En el pasado fue señalado por presunta agresión a su esposa en Madrid (España) y por maltrato psicológico hacia su exjefa, Laura Sarabia. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió entonces que su nombramiento como ministro sería 'inaceptable' por los antecedentes de violencia de género. Benedetti enfrenta siete procesos en la Corte Suprema por 'corrupción, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de campañas y delitos contra la participación democrática'.
La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por Pablo Bustos, denunció penalmente al ministro ante la Fiscalía por “violencia moral agravada contra servidor público”, pidiendo que se investiguen los insultos contra Lombana. El escrito solicita examinar si sus expresiones encajarían en el artículo 429 del Código Penal, que contempla penas de hasta ocho años de prisión por atentar contra la integridad moral de un funcionario judicial. En medio de todo, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación en contra del ministro luego de que insultara a Lombana, en lo que podría constituir una falta disciplinaria. Este jueves, 13 de noviembre, Benedetti se retractó y dijo pedir disculpas públicas a Lombana por sus palabras. No obstante, ministro anunció que seguiría “denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia reactivó una investigación por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desviado cerca de $150.000 millones del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba mediante el 'cobro ilegal' de pensiones a 'docentes inexistentes o suplantados'. El caso involucraría a jueces, abogados y funcionarios, entre ellos el condenado Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien habría asegurado que Benedetti supuestamente habría solicitado el 20% del dinero desviado. Mientras se adelantan nuevas pruebas y citaciones, como la del abogado Leonardo Pinilla (“El Porcino”), la controversia se amplía tras el allanamiento a la vivienda del ministro ordenado por Lombana. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Caracol Radio • El Colombiano • W Radio • La Silla Vacía
