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noviembre 10, 2025
Cinco militares habrían sido secuestrados hoy en una zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Según informó la Defensoría del Pueblo, los uniformados habrían sido obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal. El hecho, ocurrido en el corregimiento de Santo Domingo, se sumaría a una serie de acciones violentas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en diferentes regiones del país. La Defensoría del Pueblo exigió una 'liberación inmediata y sin condiciones' de los soldados, diciendo que su retención podría constituir una 'infracción al derecho internacional humanitario'. Por su parte, el Ejército mencionó que los responsables serían integrantes del frente Domingo Laín Sanz del ELN, una estructura con amplia presencia en Arauca. Los secuestrados fueron identificados como Andrés Felipe Muñoz, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro y Daniel José Munive, y al momento del reporte continuaban en poder de sus captores mientras avanzaban gestiones humanitarias para su liberación. Recientemente, el grupo se atribuyó el secuestro. El grupo armado, a través de su Frente de Guerra Oriental, afirmó que los militares habrían sido retenidos en una “acción de control territorial” y que solo serían liberados ante una comisión humanitaria, advirtiendo al gobierno que no intente un rescate militar.
La Defensoría del Pueblo pidió su liberación inmediata y alertó sobre un aumento de los secuestros en 2025, que ya sumarían 437 víctimas, 133 de ellas miembros de la Fuerza Pública. En este mismo departamento permanecen cautivos otros cuatro funcionarios, entre ellos dos policías de la Dijín, secuestrados también por el ELN el 20 de julio. Arauca, una de las zonas que serían más golpeadas por la violencia, se mantendría como escenario de disputa entre el ELN y las disidencias Farc por el control de pasos fronterizos, economías ilegales y rutas del narcotráfico, lo que habría convertido la frontera colombo-venezolana en un punto crítico de inseguridad y tensión constante. Mientras tanto, en Boyacá, las autoridades atribuyeron al ELN el atentado frustrado contra el Batallón Simón Bolívar de Tunja, entonces, una volqueta cargada con explosivos habría sido abandonada a unos 200 metros de la unidad militar y habría permanecido parqueada durante ocho horas, hasta que habría sido detectada por expertos antiexplosivos. Los técnicos habrían desactivado 24 tatucos de entre 10 y 15 kilos cada uno, programados con un sistema de temporizador que pretendería detonar en cadena. El hecho no dejó víctimas mortales, aunque generó amplia alarma entre habitantes de la zona.
La investigación habría determinado que la volqueta, identificada con placas JIB 594 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) habría comprada el 27 de octubre en Duitama y acondicionada con explosivos en bodegas de Tunja. Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres que habrían abandonado el vehículo y huido en motocicleta poco antes de que fuera hallado. Según William Rincón, director de la Policía Nacional, el plan habría sido diseñado con 'precisión técnica y logística', lo que evidenciaría un 'grado de organización importante' dentro del grupo insurgente. Y es que las autoridades responsabilizaron al Frente Adonai Ardilla Pinilla del ELN, liderado por Jussef Morales Betancourt, alias El poeta, por quien se ofrece una recompensa de $500 millones. El cabecilla, de 34 años, es señalado de múltiples delitos entre 2017 y 2024 en los departamentos de Huila, Tolima y Boyacá. Como respuesta al recrudecimiento de las acciones terroristas, el Gobierno Nacional habría reforzado la seguridad en el llamado triángulo ABC (Arauca, Boyacá y Casanare), enviando 180 policías adicionales a la región y fortaleciendo una presencia militar.
Este lunes, 10 de noviembre, se reportó un nuevo hecho en Arauca. El gobernador de Arauca, Renso Jesús Martínez, habría sufrido un atentado en Tame cuando su camioneta blindada habría sido atacada con fusil y habría recibido entre 10 y 13 impactos de bala, aunque salió ileso. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de $1.000 millones por información sobre los responsables y anunció un aumento de operaciones militares en el departamento, en lo que pretendería desmantelar estructuras del ELN y las disidencias Farc. Las primeras investigaciones apuntarían al ELN, grupo que recientemente se atribuyó el secuestro de los cinco soldados en la región. Tras el ataque, el gobierno también reforzaría la seguridad de las autoridades locales y de los precandidatos presidenciales. Y a propósito de todo, la Defensoría emitió una alerta temprana por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, especialmente en Tibú (Norte de Santander), donde se habrían incrementado casos de 'violencia sexual, trata de personas y reclutamiento de menores'. Según la entidad, la confrontación entre el ELN y las disidencias Farc, junto con el control territorial que ejercería el primero en la frontera colombo-venezolana, habría agravado la crisis humanitaria. Desde enero, la ofensiva del ELN contra el Frente 33 habría dejado más de 50 mil desplazados, 24 mil personas confinadas y 70 asesinatos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • El Tiempo • Noticias Caracol • La Silla Vacía
