🕒 Última actualización:
diciembre 29, 2025
La Defensoría del Pueblo alertó 'retrasos' en el pago de honorarios a más de 5.160 contratistas, entre ellos más de 4.200 defensores públicos, debido a una falta de recursos antes del cierre de 2025. La defensora Iris Marín advirtió que la situación se presentaría como consecuencia directa de los ajustes presupuestales adoptados por el Gobierno Nacional y afectaría el funcionamiento de la entidad 'incluso antes' de iniciar la vigencia 2026. El Gobierno Nacional logró aprobar un Presupuesto General para 2026 por $546,9 billones, cifra inferior en $10 billones a la proyectada inicialmente, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Senado, con la que se pretendía recaudar $16,3 billones adicionales. Este revés fiscal habría generado tensiones en varias entidades, incluida la Defensoría del Pueblo.
Desde el debate del presupuesto en el Congreso, la Defensoría advirtió que la ponencia aprobada implicaba una reducción del 5% frente a 2025 y superior al 11% respecto a lo solicitado por la entidad. Según Marín, estas advertencias se habrían materializado con la notificación del Ministerio de Hacienda sobre la imposibilidad de realizar los pagos oportunos de diciembre. La defensora confirmó que los giros correspondientes a los contratos de prestación de servicios serían aplazados hasta finales de enero de 2026, a pesar de que debían realizarse antes de Navidad. La situación afectaría de manera directa a los defensores públicos, responsables de garantizar el acceso a la justicia de personas sin recursos económicos.
Marín cuestionó una 'falta de autonomía presupuestal' de la Defensoría y señaló que, aunque los recursos estaban asignados en la ley y comprometidos contractualmente, no habrían sido girados. Además, que la entidad habría agotado 'todas' las gestiones ante el Ministerio de Hacienda, pero que la falta de disponibilidad de fondos habría obligado a aplazar los desembolsos. Finalmente, la Defensoría consideró que el problema podría extenderse a otras entidades públicas debido al déficit fiscal estimado en más de $16 billones para 2026. Por ello, pidió al gobierno 'priorizar' los pagos a defensores públicos, al considerar que los retrasos comprometerían la atención de casos urgentes y un acceso efectivo a la justicia en contextos de riesgo humanitario. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio
