La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de presuntamente integrar una red que habría simulado operaciones comerciales por más de $843.000 millones mediante la creación de 185 'sociedades de papel', en lo que pretendería 'evadir impuestos' y 'apropiarse' de recursos del Estado. Según la investigación, los implicados habrían constituido empresas ficticias 'sin capacidad económica, operativa ni logística real', que serían utilizadas para emitir facturas falsas a compañías del sector formal. Con este mecanismo, las empresas beneficiarias reducían la base gravable del impuesto sobre la renta y se apropiaban 'de manera indebida' del impuesto al valor agregado (IVA).
Las maniobras se habrían desarrollado de forma sistemática entre los años 2012 y 2022. En ese periodo, la Fiscalía habría detectado operaciones inexistentes que superarían los $843.164 millones, lo que habría generado un detrimento patrimonial al Estado estimado en más de $155.000 millones. El caso fue adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif), herramienta que habría llevado a rastrear los movimientos financieros asociados a las sociedades investigadas. Entre los procesados figurarían Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes, quienes presuntamente cumplían roles como 'coordinadores financieros, intermediarios y representantes legales' de las empresas de fachada.
La Fiscalía indicó que Bernal Manrique habría administrado y transformado recursos por más de $21.744 millones, dándoles apariencia de legalidad. Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y el departamento de Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como 'concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos'. Por orden judicial, cinco tienen detención domiciliaria y uno fue enviado a un centro carcelario, además de la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a la investigación.
Vía: Agencia API
