Las disidencias Farc al mando de alias Iván Mordisco anunciaron un cese unilateral al fuego desde mañana y hasta el 7 de enero, pero advirtiendo que se reservarían 'el derecho a la defensa', todo luego de que horas antes una de sus facciones, la estructura “Jaime Martínez”, atacó la estación de Policía de Suárez, Cauca. Este último habría ocurrido mientras se realizaba una jornada deportiva y comunitaria en la Villa Olímpica, dejando al menos un civil herido por arma de fuego y varios lesionados por la estampida, y fue condenado por la vicepresidenta Francia Márquez como una “grave violación a los derechos humanos”. Márquez, originaria de ese municipio, dijo rechazar el ataque, solicitó 'mayor protección' para la población civil y refirió respaldo a la Fuerza Pública 'para prevenir nuevos hechos violentos'. Un cese similar fue anunciado por el ELN entre el 24 de diciembre y el 3 de enero.
Tras lo ocurrido, el alcalde de Suárez, César Cerón, mencionó que la violencia habría desbordado la capacidad de respuesta del municipio y cuestionó 'la efectividad' de los anuncios de cese al fuego, y que la tranquilidad no podría limitarse 'a pocos días' sino traducirse 'en acciones reales y sostenidas'.
El mandatario mencionó que la Defensoría del Pueblo había emitido una nueva alerta temprana por el riesgo que representarían los grupos armados ilegales y reiteró un llamado al Gobierno Nacional para una 'intervención integral'. Todo se suma a un cierre de año marcado por una escalada de ataques armados, carros bomba, secuestros, desplazamientos y asedios prolongados, como el registrado días antes durante más de siete horas en el municipio de Buenos Aires, también en Cauca. A propósito de 'Mordisco', hace unas horas medios reportaban que la Policía Nacional aseguraba que tendría identificado el sector selvático de Guaviare donde se ocultaría el líder de las disidencias Farc, pero que su captura se habría dificultado 'por la densa vegetación, la compleja topografía, las redes de apoyo local y el uso de menores y civiles como escudos humanos', lo que limitaría el accionar militar. No obstante, aunque recientes operativos dejaron 25 disidentes muertos e incautaciones que confirmarían su presencia en la zona, el cabecilla habría escapado y seguiría siendo el principal objetivo de las autoridades.
En otras cosas relacionadas con el conflicto, el Gobierno Nacional reactivó la fumigación con glifosato en zonas donde disidencias obligarían a campesinos a sembrar coca, tras la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Según el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, la aspersión se haría 'únicamente con drones, a baja altura y de forma focalizada', comenzando en Cauca, mientras la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) evalúa la autorización para su uso terrestre. La decisión marca un giro frente a la prohibición mantenida por anteriores ministros y revive un debate histórico por los riesgos del glifosato en salud, derechos humanos y ambiente, que había llevado a su suspensión aérea desde 2017 por orden de la Corte Constitucional.
Y en otras noticias, nuevos chats reportados por El Tiempo habrían vuelto a poner en el centro de la controversia a la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) al sugerir una presunta injerencia en decisiones relacionadas con un megaoperativo de antiextorsión realizado en la cárcel de Itagüí (Antioquia), donde se habrían incautado celulares, computadores y otros elementos prohibidos. En los mensajes, intercambiados con la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, Zuleta advertiría que ciertas decisiones podrían “acabar el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá”. Buitrago ya había referido antes de salir del cargo supuestas presiones desde el entorno cercano del presidente Petro, incluyendo supuestas injerencias en el sistema carcelario y en el manejo de internos, hechos que dijo haberle comunicado al mandatario. El director de 6AM de Caracol Radio, Gustavo Gómez, dijo que detrás de esas presiones presuntamente estarían Zuleta y el comisionado de paz, Otty Patiño. A esto se sumarían reportes de Revista Semana, según las cuales generales del Ejército y la Policía habrían recibido llamadas de Zuleta, familiares y asesores 'para frenar' operativos contra disidencias y bandas en Antioquia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa investigó el caso y concluyó que no habría encontrado evidencia de interferencias que afectaran la actuación de la fuerza pública. El reporte continúa en constante desarrollo.
Vía: El Espectador • La Silla Vacía • W Radio • Infobae • El Tiempo • Caracol Radio • Revista Semana
