La Fiscalía General de la Nación otorgó medidas de protección 'urgentes' al empresario Ricardo Leyva, a pesar de que existiría un video en el que presuntamente amenaza con un cuchillo y golpea a su entonces esposa, Karen Santos, en una escalada de la controversia iniciada hace semanas. La decisión, reportaba por Revista Cambio, ha generado cuestionamientos, ya que Leyva es investigado por 'hechos de violencia' mientras que la protección fue concedida a partir de una denuncia suya contra Santos por supuesta extorsión. Según la orden emitida por un fiscal de Medellín, se impuso una medida de alejamiento que prohíbe a Santos cualquier contacto directo o indirecto con Leyva o su familia, salvo autorización judicial. Además, Leyva habría recibido el derecho a atención prioritaria en CAI y 'acompañamiento policial inmediato' en caso de manifestar riesgo, bajo el argumento de una 'amenaza inminente' dentro de la investigación por extorsión agravada.
En contraste, Karen Santos ha denunciado ser víctima de violencia física y psicológica por parte de Leyva, incluyendo un presunto intento de feminicidio. Un video divulgado semanas atrás lo mostraría, según su relato, amenazándola de muerte con un cuchillo y agrediéndola físicamente. A pesar de estas pruebas, Santos asegura que la Fiscalía no habría adoptado 'medidas eficaces' para proteger su vida. La mujer mencionó que durante el matrimonio habría sufrido 'golpizas severas' que la habrían llevado a urgencias, pérdida parcial de la visión y un control psicológico que la habría dejado 'aislada y sin recursos'. El episodio más grave, según dijo, habría ocurrido el 17 de julio, cuando Leyva la habría perseguido con un arma blanca tras romperle el celular mientras ella intentaba grabarlo. Aunque la Policía acudió al lugar, Santos afirma que inicialmente habrían actuado a favor de Leyva y minimizaron su situación.
Santos también denunció nuevas agresiones posteriores, incluso después de abandonar la vivienda, y que Leyva habría continuado amenazándola 'a ella y a su familia', además de 'retener pagos laborales y afectar su acceso a servicios de salud'. A esto se sumarían señalamientos recientes sobre la posesión y uso de material íntimo de otra mujer 'como mecanismo de intimidación', hechos que agravarían el historial de denuncias contra el empresario. El caso adquirió mayor relevancia pública por los vínculos de Leyva con figuras políticas y contratos estatales, incluyendo la cesión de un contrato de leasing habitacional al hoy ministro del Interior Armando Benedetti y la posterior adjudicación de un contrato millonario a su empresa por parte del sistema de medios públicos Rtvc. Las decisiones judiciales, en este contexto, han sido señaladas como 'contradictorias y preocupantes' frente a la protección de las víctimas de violencia de género. La controversia persiste. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • Revista Cambio
