El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de Emergencia Económica, anunciado hace unos días, ya habría sido firmado por los ministros y radicado de manera oficial, como consecuencia del hundimiento de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria. Según explicó, con ella se pretendería permitir nuevos impuestos 'dirigidos a los grandes patrimonios y no a la clase media', como ha señalado la oposición.
La decisión fue ratificada previamente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la declaratoria de Emergencia Económica le otorgaría al Presidente Gustavo Petro facultades extraordinarias para expedir decretos y crear impuestos sin pasar por el Congreso. Desde el anuncio, ya circulan borradores de los decretos reglamentarios que desarrollarían la medida.
Entre las propuestas que se contemplarían estaría un aumento del impuesto al patrimonio y una reducción del umbral mínimo para pagarlo, que aplicaría a patrimonios superiores a $2.000 millones. También se plantea aplicar IVA a los juegos de azar digitales, impuestos a cervezas, licores y cigarrillos, un 5×1.000 en lugar del 4×1000 actualmente vigente y establecer un impuesto único a la extracción de hidrocarburos. El Gobierno Nacional argumenta que la eventual emergencia respondería al archivo de la tributaria y a un 'riesgo financiero' que esto implicaría, pues el Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en $516 billones, habría quedado con un hueco de $16,3 billones. En paralelo, se conoció que la Corte Constitucional podría citar una sala plena extraordinaria para analizar el decreto, una vez el alto tribunal retome funciones tras la vacancia judicial por la temporada de finalización de año. En medio de cuestionamientos que persisten sobre la decisión, este reporte continúa en desarrollo.
Y a propósito de esto, el Ministerio de Hacienda realizó una operación financiera histórica al vender Títulos de Tesorería (TES, que son bonos de deuda mediante los cuales el Estado se endeuda y se compromete a devolver el dinero a los inversionistas en una fecha determinada, pagando intereses) por 6.000 millones de dólares, cerca de $23 billones, a un solo inversionista extranjero. Según se dijo, se trataría de la mayor venta de este tipo hecha a un único comprador y los recursos también se usarían para cubrir necesidades de financiamiento del Estado en 2026, igualmente (según se argumentó) 'en medio de la presión fiscal generada por el hundimiento de la Reforma Tributaria'. La negociación se habría hecho de manera directa y sin subasta pública, por lo que no se conocen detalles como la tasa de interés ni la identidad del inversionista, lo que ha generado cuestionamientos y controversia. No obstante, el Ministerio aseguró que esta operación reflejaría 'confianza' en la economía colombiana y podría dar paso a nuevas inversiones. Además, la entidad señaló que, junto con las recientes colocaciones de TES de corto plazo en el mercado local, esta 'estrategia' pretendería 'garantizar recursos' para que el gobierno 'cumpla sus obligaciones'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Tiempo
