🕒 Última actualización:
enero 21, 2026
El aumento de $400 en la tarifa del transporte público tipo buseta en Ibagué para 2026 continuaría escalando una controversia entre la administración local, el gremio transportador y diversas organizaciones sociales y sindicales. Mientras asociaciones de transportadores, líderes comunales y centrales obreras anunciaban posibles movilizaciones, el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, defendió el ajuste y calificó de “canallas” a quienes, según afirmó, estarían promoviendo la inconformidad con fines 'politiqueros' y 'sin sustento técnico'. Desde el sector social y sindical, el Comando Unitario del Tolima, conformado por las centrales obreras CTC, CGT, CUT y el sindicato Simatol, ha calificado el incremento como 'injustificado, desproporcionado y regresivo', señalando que no se habrían socializado estudios técnicos 'públicos y verificables' que respalden el alza. Además cuestionaron que, a pesar del aumento, el sistema siga operando 'con vehículos obsoletos y un servicio deficiente', mientras las tarifas se cobrarían 'como si se tratara de un sistema moderno'. A esto se suman denuncias sobre un modelo de recaudo que, según organizaciones, presuntamente favorece más a los operadores y precarizaría las condiciones laborales de conductores y trabajadores del sector.
En la misma línea, la Asociación de Transportadores de Servicio Público Colectivo (AsoTPC) anunciBa la realización de una reunión en la Casa del Maestro (Simatol) para esta tarde, en lo que pretendería 'definir detalles' de una movilización prevista para el viernes. Su vocero, Michael Cepeda, ha mencionado que el incremento no se traduciría en mejoras del servicio ni en la renovación del parque automotor y que las empresas afiliadoras cobrarían en promedio $950 mil mensuales por cada vehículo, lo que representaría cerca de $9.600 millones al año que 'no se reflejan' en inversiones para el sistema. También cuestionó una 'falta de exigencia' de la autoridad local frente a la renovación de la flota y la calidad del servicio. No obstante, recientemente se reportó que se habrían confirmado protestas para el 28 de enero con punto de encuentro en la calle 37 con carrera Quinta. También, recién se conoció que un juez constitucional admitió una acción de tutela que revisaría el aumento del pasaje tras cuestionamientos por presunta falta de estudios técnicos y ausencia de participación ciudadana en la decisión. La demanda, presentada por una fundación de derechos humanos, también critica 'las tarifas diferenciadas entre zonas urbanas y rurales, la falta de mejoras en el servicio y problemas operativos persistentes'. El juzgado pidió explicaciones a la alcaldía, a la Secretaría de Tránsito y vinculó a otras entidades.
Frente a las críticas, la Secretaría de Movilidad ha mencionado que la tarifa habría sido definida con base en una fórmula técnica que contemplaría 'costos reales' como 'combustible, salario mínimo, lubricantes y llantas', y no 'únicamente' el IPC (Indice de Precios al Consumidor). El secretario Rodríguez sostuvo que Ibagué mantendría una de las tarifas 'más bajas' del país y que, a diferencia de ciudades como Bogotá y Barranquilla, no contarían con un Fondo de Estabilización Tarifaria, aunque se esperaría implementarlo en 2026. Las centrales obreras exigieron la instalación de una mesa de concertación con la alcaldesa Johana Aranda, propusieron 'tarifas diferenciales' para estudiantes, adultos mayores y población vulnerable, y advirtieron que continuarían las 'acciones de presión y movilización' hasta que se garantice un transporte público 'justo, digno y accesible'.
En contraste, las empresas de transporte público colectivo de Ibagué han defendido el aumento del pasaje al señalar que el ajuste sería 'necesario' para garantizar 'la sostenibilida' del servicio y el cumplimiento de la normatividad vigente. Precisamente por esta línea, operadores del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) afirman que la tarifa debería permitir 'cubrir los costos de operación, la recuperación de capital y una rentabilidad mínima', para 'asegurar la prestación del servicio' en condiciones de 'accesibilidad y sostenibilidad' para los usuarios. Según ellos, el incremento respondería a un alza de los costos operativos y laborales, entre ellos 'el aumento de más del 15% en los combustibles, el incremento superior al 23% en el salario mínimo para 2026 y mayores gastos en llantas, mantenimiento, seguros, impuestos y administración'. Además, por la línea de la administración, que Ibagué no contaría con el Fondo de Estabilización Tarifaria, lo que impediría aplicar subsidios que amortigüen 'el impacto del alza', y que el ajuste buscaría mantener 'la competitividad' del servicio durante la transición e implementación del Setp, objeto de varias controversias por sus retrasos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • El Nuevo Día • El Irreverente • El Olfato
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