🕒 Última actualización:
enero 14, 2026
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo (afínes al gobierno), aprobó una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad, estableciendo que los nicaragüenses 'perderán su nacionalidad al adquirir otra'. La decisión ha generado amplia controversia en sectores de la oposición, especialmente desde el exilio, que la consideran una 'nueva medida represiva' del 'régimen'. Esta reforma haría parte de un profundo cambio constitucional impulsado en 2025, que transformó la estructura del Estado, eliminó el equilibrio de poderes y concentró el control político en manos del Presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta (copresidenta) Rosario Murillo. Desde entonces, diversas organizaciones han denunciado un 'avance sostenido' del autoritarismo.
Según explicó el Legislativo en redes sociales, la nueva norma plantearía que la nacionalidad nicaragüense 'no es solo un estatus legal', sino un “acto de entrega” a la defensa de la 'soberanía y la autodeterminación' del país. La reforma fue aprobada inicialmente en mayo del año pasado y quedó ratificada en este segundo periodo legislativo. En los últimos años, el gobierno ha retirado la nacionalidad a cientos de opositores, a quienes ha catalogado como “traidores a la patria” y llevándolos al exilio. La nueva legislación también obligaría a los extranjeros que deseen naturalizarse nicaragüenses a renunciar a su nacionalidad de origen, 'con excepción de los ciudadanos centroamericanos'.
Aunque el presidente del Congreso, Gustavo Porras, aseguró que la medida no sería retroactiva (solo aplica para el futuro...), organizaciones opositoras dudarían de que la disposición se cumpla. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense calificó la reforma como un “castigo de la dictadura” y que profundizaría lo que llaman 'el exilio forzado'. Por su parte, el movimiento opositor Unamos dijo 'rechazar' la eliminación de la doble nacionalidad al considerar que vulneraría un 'derecho fundamental' y aumentaría la incertidumbre jurídica 'para miles' de nicaragüenses. Sucede en un contexto marcado por la 'represión' posterior a las protestas de 2018 y denuncias de presos políticos, y cuando oposición sostiene que la reforma pretendería 'silenciar la disidencia' y consolidar 'la sucesión política'. El reporte está en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE
