🕒 Última actualización:
enero 16, 2026
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, fue designado por sorteo para estudiar el decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional y con el que este último puede crear impuestos sin pasar por aval del Congreso. Para avanzar en su ponencia sobre la legalidad de esta medida extraordinaria, expidió un auto en el que solicita una serie de pruebas que le permitan evaluar si el decreto cumple con los requisitos constitucionales. Entre las pruebas solicitadas estaría un acto administrativo mediante el cual se encargó el Ministerio de Ambiente a Irene Vélez. Con esto, se pretendería verificar que todos los ministros que firmaron el decreto de emergencia estuvieran 'debidamente posesionados y en ejercicio de sus funciones' al momento de hacerlo, condición considerada indispensable para la validez del acto.bCamargo también pediría conceptos a expertos en economía, entre ellos José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del actual Gobierno Nacional, y José Manuel Restrepo, quien ocupó ese cargo durante el gobierno pasado. Según se dijo, estos análisis servirían para determinar si las razones que motivaron la emergencia, como la no aprobación de la Ley de Financiamiento o la crisis fiscal, son hechos 'sobrevinientes' o 'problemas estructurales' del país.
En medio de todo, el Presidente Gustavo Petro defendió en su reciente Mensaje a la Nación el decreto de Emergencia Económica, asegurando que las nuevas cargas recaerían solo sobre los “megarricos” y que los recursos serían 'necesarios' para cubrir compromisos de deuda 'heredados' tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento (o Reforma Tributaria). Defendió la estrategia de endeudamiento del gobierno y envió un mensaje a la Corte Constitucional, considerando que limitar la capacidad del Estado para pagar la deuda podría 'encarecer aún más' su financiamiento. Además, ordenó al ministro de Hacienda expedir un decreto para desindexar o desvincular el salario mínimo del precio de la vivienda de interés social (VIS), en lo que pretendería 'evitar alzas' en ese sector. A propósito, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha dicho que el proyecto de decreto que busca fijar los precios de la vivienda VIS 'únicamente en pesos colombianos' y desvincularlos del salario mínimo presuntamente generaría 'riesgos legale', encarecería proyectos, reduciría la oferta de vivienda y dificultaría el acceso a hogares formales. Además, que esta medida afectaría la viabilidad financiera de los proyectos, desincentivaría inversiones y podría 'dejar fuera' a familias de subsidios y créditos, especialmente ante el aumento del salario mínimo.
Y sobre la Emergencia Económica, recientemente generó controversia luego de que 17 de los 32 gobernadores del país se negaran a aplicarlo. En contexto, el decreto ajusta el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. La decisión se habría considerado en departamentos como Atlántico, Tolima, Chocó, Antioquia y Valle. Tras esto, el gobierno, a través del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, advirtió que emprendería acciones judiciales, señalando que solo la Corte Constitucional podría cuestionar la validez del decreto. Mientras tanto, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales pretenderían suspender temporalmente sus efectos, argumentando 'riesgos' para la sostenibilidad financiera y los servicios esenciales. Este viernes, 16 de enero, el Ministerio de Hacienda citó a los 17 gobernadores, asegurando que las rentas (los ingresos de los impuestos) seguirían destinados a salud, educación y deporte y que no afectarían negativamente a los departamentos. Y es que, en medio de las tensiones, los gobernadores enviarían un documento a la Corte Constitucional para que revise los efectos sobre las finanzas y derechos fundamentales, mientras la Federación Nacional de Departamentos les entregaría un instructivo para no aplicar el decreto regionalmente.
También, Petro respaldó nuevamente el aumento del 23% del salario mínimo, argumentando que no generaría 'presiones inflacionarias'. Señaló la caída del Índice de Precios al Productor (-2,6% a diciembre de 2025, según el Dane) y una 'estabilidad de precios' en productos de la canasta básica registrada por Corabastos, como evidencia de que los incrementos salariales decretados por el gobierno no habrían aumentado los precios. A propósito del salario mínimo, gremios de vigilancia privada en Colombia solicitaron una reunión con la Superintendencia de Vigilancia para aclarar cómo aplicar el aumento frente a la propuesta del presidente Petro de ajustarlo solo según el IPC (5,1%) en las cuotas de administración de edificios, mencionando que la propuesta sería 'ilegal' y afectaría a unos 400.000 trabajadores y miles de hogares. Mientras tanto, se conoció que un ciudadano llamado Germán Castro retiró su demanda de nulidad contra el decreto que aumentó el salario mínimo al 23% tras supuestamente 'recibir amenazas y mensajes de odio'. La demanda ya había sido admitida por el Consejo de Estado, lo que significa que superó la revisión inicial de requisitos formales y estaba habilitada para entrar al estudio de fondo sobre la legalidad del decreto. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Caracol Radio • El Colombiano
