🕒 Última actualización:
enero 10, 2026
Bogotá, Medellín e Ibagué fueron escenarios de una operación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses que habría llevado a la captura y judicialización de cuatro personas señaladas de presuntamente explotar sexualmente a menores y de producir, almacenar y distribuir material audiovisual con contenido sexual. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU (HSI), habría revelado varios delitos contra niños, algunos 'con vínculos internacionales'. En Ibagué fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, supuestamente implicado en la 'obtención, almacenamiento y distribución de material sexual explícito de menores' entre marzo y junio de 2025, utilizando sistemas de mensajería instantánea.
En Bogotá, una mujer fue señalada de transmitir, a través de una aplicación virtual, los abusos a sus dos hijas de 4 y 9 años, a cambio de pagos de entre 600 y 2000 dólares por un contacto en Estados Unidos. En la misma ciudad, una niñera fue capturada por su presunta responsabilidad en el abuso de dos niños de 2 y 8 años, hechos que habría grabado y compartido posteriormente. En Medellín, las autoridades habrían identificado a una adulta mayor acusada de 'explotar sexualmente' a su nieta de 15 años, 'obligándola' a sostener relaciones íntimas con adultos, las cuales serían 'grabadas y vendidas' a cambio de dinero. Durante las diligencias de captura, se habrían incautado equipos electrónicos que contendrían videos y fotografías que evidenciaban las actividades.
La Fiscalía presentó a los cuatro detenidos ante jueces de control de garantías, imputándoles delitos como 'acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía infantil, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil'. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía mencionó que la información divulgada correspondería a hechos suministrados por los funcionarios encargados de las investigaciones, y que la situación jurídica de los procesados aún estaría pendiente de resolución por la autoridad judicial competente, 'respetando el principio de presunción de inocencia'. Asimismo, se llamó a la ciudadanía a 'denunciar' cualquier posible caso de explotación sexual ante la Policía, la Fiscalía o el Icbf.
Vía: El País (Cali)
