🕒 Última actualización:
enero 12, 2026
Un contrato por $595 millones para la titulación gratuita de predios fiscales urbanos en Ibagué habría quedado nuevamente en pausa, a pesar de que más del 60% de los recursos ya habrían sido desembolsados y no existirían 'resultados verificables'. Siete meses después del último informe publicado en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), el proyecto seguiría sin entregar algún título de propiedad, lo que habría reavivado los cuestionamientos sobre su ejecución y el control ejercido por la alcaldía. El contrato, firmado el 21 de marzo de 2025 con Mendoza Lara y Consultores SAS, fue suspendido por segunda vez el 26 de diciembre. La justificación del contratista habría sido la suspensión nacional del servicio registral entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, un periodo previsible que. No obstante, el plazo inicial del proceso ya habría vencido en octubre pasado.
Según reportó El Olfato, la decisión generaría mayores cuestionamientos al tenerse en cuenta que la mayoría de las obligaciones contractuales no dependerían del registro inmobiliario. Actividades como la 'identificación de predios, estudios técnicos y jurídicos, visitas de campo, socializaciones con la comunidad y conformación de expedientes' deberían estar listos tiempo antes de llegar a la etapa final de registro. El contrato contemplaba la titulación de 250 predios, con las siguientes metas: 100 títulos para agosto y 150 para octubre de 2025. Sin embargo, no habrís evidencia pública de títulos formalizados, listados consolidados de beneficiarios ni resoluciones administrativas ejecutoriadas. A pesar de ello, la alcaldía ya habría autorizado pagos por más de $357 millones, sustentados principalmente en informes narrativos sin soportes técnicos en el Secop.
El último informe conocido, con corte a mayo de 2025, se limitaría a un 'diagnóstico general' sobre la situación predial del municipio y a un listado preliminar de 123 predios, pero no demostraría 'avances reales' en la entrega de títulos. La primera suspensión, en agosto de 2025, se habría prolongado casi tres meses bajo el argumento de “barreras administrativas” y, tras la reanudación en noviembre, tampoco se habrían reflejado 'resultados sustanciales'. La supervisión del contrato, a cargo de la directora de Recursos Físicos, Sandra Milena Londoño, no mostraría exigencias técnicas firmes ni actuaciones frente a los incumplimientos. Mientras, cientos de familias seguirían esperando la seguridad jurídica prometida y el contrato permanecería vigente en el Secop; los recursos públicos ya se habrían ejecutado en su mayoría y la alcaldía no ha respondido a los cuestionamientos sobre la nueva suspensión ni sobre el futuro de la titulación. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Olfato
