🕒 Última actualización:
enero 09, 2026
Desde hace varias semanas circulan denuncias sobre presuntas irregularidades en la Convocatoria 046 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un proceso por $630 mil millones financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y que sería 'para impulsar infraestructura y capacidades nacionales avanzadas en inteligencia artificial (IA)'. Sectores interesados aseguran que el proceso supuestamente estaría direccionado 'para favorecer a Internexa', filial de ISA, empresa gerenciada por Saúl Kattan, lo que ha generado cuestionamientos públicos y políticos. La Procuraduría General de la Nación intervino desde el 18 de diciembre y solicitó 'información urgente' a la ministra Yesenia Olaya, tras advertir riesgos 'que podrían afectar el patrimonio público y el ordenamiento jurídico'. En su revisión, el ente de control señaló que los términos de referencia contendrían 'conceptos técnicos indeterminados y requisitos que habrían limitado la libre concurrencia de oferentes'. A esto se sumó la queja formal de una empresa participante, que solicitó suspender el proceso por una posible 'vulneración' de los principios de transparencia, igualdad, publicidad y debido proceso administrativo.
En el plano político, el concejal y candidato al Congreso Daniel Briceño (Centro Democrático) vinculó la convocatoria con la presunta cercanía de Kattan con la Casa de Nariño y la primera dama, Verónica Alcocer. Frente a estos señalamientos, Kattan dijo que se trataría de un proceso público al que puede presentarse 'cualquier empresa que cumpla los requisitos', y explicó que Internexa participa con un proyecto de inteligencia artificial para data centers, un campo en el que, según él, la compañía tendría experiencia previa. También negó cualquier intervención en la evaluación y refirió que las decisiones sobre aceptación, calificación y subsanación 'corresponden exclusivamente' al Ministerio de Ciencias y a un comité evaluador externo. Según información conocida, Internexa habría obtenido 78 puntos, superando el mínimo de 75 exigidos para continuar en el proceso, mientras que otros proponentes mencionan que no se les habría permitido subsanar observaciones. Uno de ellos, Líder de Red Inteligente, refirió que su propuesta cumpliría 'de manera plena' los requisitos, pero que 'fue excluida' mediante 'criterios selectivos e irregulares' y sin evaluación del comité externo. Hasta el momento, el Ministerio de Ciencias no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes cercanas al proceso sostienen que las empresas inconformes no cumplirían los requisitos técnicos ni la experiencia requerida en IA. Este reporte está en desarrollo.
En otro caso controversial del mismo ministerio, este adjudicó un nuevo contrato por $41.666 millones a la empresa Funcesi (Fundación Centro de Excelencia en Sistema de Innovación), a pesar de que recientemente fue señalada por la Contraloría General de la República por 'graves irregularidades' en la ejecución de recursos del SGR. El contrato hace parte de la Convocatoria 31 del ministerio, orientada a financiar macroproyectos nacionales de innovación ambiental, gestión del riesgo climático y conservación de ecosistemas, con recursos del SGR y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Funcesi fue seleccionada como una de las ganadoras regionales en el Caribe, dentro de una convocatoria que contaría con un presupuesto total de $500.000 millones. La controversia radicaría en que Funcesi seria la misma entidad que administró un proyecto agroindustrial en Atlántico en el que, según la Contraloría, 79 de 82 empresas beneficiadas 'no cumplían los requisitos', ya que no pertenecían al sector agroindustrial, y varias presentaban 'problemas de solvencia jurídica'. El ente de control habría hallado presuntas irregularidades 'administrativas, disciplinarias y fiscales' por más de $14.000 millones, señalando 'fallas estructurales' en la selección de beneficiarios, la planeación y el control de los recursos. A pesar de ello, la firma fue nuevamente escogida, lo que ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia institucional y la efectividad del control fiscal en la asignación de recursos para ciencia e innovación. Los reportes están en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Revista Cambio
