🕒 Última actualización:
enero 18, 2026
Una nueva controversia rodea al Pacto Histórico tras la publicación de los reportes de ingresos y gastos de la consulta interna ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que aparecen registros que habrían generado dudas sobre la financiación de las campañas de Iván Cepeda (candidato presidencial) y Carolina Corcho (candidata al senado), dos de las principales figuras de la coalición oficialista. En el caso de Cepeda, en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) figuraría una supuesta donación por $609 millones de la empresa Samat Publicidad SAS, con sede en Barranquilla. Su propietario, Javier Antonio Pérez, habría negado haber realizado aportes económicos y que su relación con la campaña habría sido comercial, por servicios de impresión y publicidad que, según dijo, aún no le habrían sido pagados. Cepeda calificó públicamente los señalamientos como una “campaña sucia”, mientras que su equipo explicó que el monto reportado correspondería, como refirió Pérez, a una cuenta por pagar y no a una donación, registrada bajo el código 102, que también se utiliza para contribuciones. Esa situación, indicaron, debería ser aclarada por el CNE.
No obstante, la mayor controversia se concentraría en la campaña de Corcho. En los registros del CNE aparece un valor cercano a los $738 millones asociado al restaurante Gusteau Chefcito Sigi, del sur de Bogotá, por concepto de 'refrigerios para actos públicos'. La empresa habría sido creada en 2020 con un 'capital mínimo', tendría como único fundador a Sigifredo Vergara, no sería 'fácilmente localizable' en la dirección registrada y actualmente figuraría 'en liquidación', lo que habría generado dudas sobre su capacidad financiera para asumir ese volumen de operaciones. Y es que, según los formularios de Cuentas Claras, el monto figuraría como un 'crédito en dinero de particulares' y correspondería a al menos 20 adquisiciones pendientes de pago, que serían cubiertas con recursos de reposición del CNE. Desde la campaña de Corcho sostienen que se trataría de una 'interpretación errónea' del formulario, similar a lo ocurrido previamente con la campaña de Cepeda.
Las dudas se intensificaron tras denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien cuestionó el origen de los recursos y sugirió la posible existencia de un “testaferro de la política” (quien presta su nombre, identidad o apariencia legal para ocultar al verdadero propietario o beneficiario de bienes, empresas, o transacciones financieramie'usualmente' para fines ilícitos). Las denuncias también han sido hechas por la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Sobre lo último de las denuncias, La utilización de la finca El Hatillo, un bien incautado y bajo administración estatal, para una reunión difundida como parte de la campaña presidencial Cepeda en Baranoa (Atlántico) generó controversia por una posible violación a la norma que prohíbe el uso político de estos predios. El evento, promovido en redes del Pacto Histórico como 'encuentro para conformar un comité agrario', habría sido organizada por la Asociación Agraria Asoagro, administradora provisional del inmueble, que luego afirmó que se habría tratado de un debate sobre reforma agraria y no de un acto proselitista. Cepeda negó conocer o autorizar la reunión y que, de haberlo sabido, 'la habría impedido'. En medio de la controversia, el CNE debería determinar si hubo o no irregularidades en los reportes. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • Infobae • El Tiempo • Infobae
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
