🕒 Última actualización:
enero 07, 2026
El Gobierno Nacional expidió el decreto 1435 de 2025 que sería para restablecer 'de manera excepcional' el régimen especial de pensión anticipada para trabajadores de actividades de alto riesgo, que había vencido el 31 de diciembre de 2024. Según se dijo, la medida pretendería evitar un vacío normativo que afectaba a miles de trabajadores cuyas labores reducirían su expectativa de vida, ante la falta de una ley del Congreso que reemplazara este esquema. Este régimen, creado en 2003 mediante el decreto 2090, reconocería condiciones laborales extremas como la minería subterránea, la exposición a sustancias cancerígenas, radiaciones, altas temperaturas y oficios como bomberos, controladores aéreos o custodios del Inpec. Por ello permitiría pensionarse a edades más tempranas, exigiría cotizaciones adicionales a cargo del empleador y establecería un 'trato diferencial basado en el riesgo objetivo', un enfoque avalado por la Corte Constitucional.
El gobierno admitió que la expiración del régimen habría configurado una omisión legislativa, a pesar de que los riesgos laborales persistirían. Estudios técnicos citados en el decreto indicarían que sectores como minería, hidrocarburos, electricidad y manejo de químicos concentrarían más del 44% de las muertes laborales y presentarían 'tasas de mortalidad superiores' al promedio nacional, lo que habría reforzado una necesidad de reactivar el esquema. El decreto aclararía que la vigencia del régimen sería temporal y se mantendría hasta que el Congreso expida una regulación integral sobre la pensión de alto riesgo. Además, ordena actualizar los estudios técnicos y otorgaría al Gobierno Nacional un plazo de 12 meses para presentar el proyecto de ley. La decisión fue celebrada por la Unión Sindical Obrera (USO), que la calificó como una 'reivindicación histórica' para los trabajadores expuestos a condiciones 'que deterioran su salud y reducen su vida laboral'. Este reporte está en desarrollo.
A propósito de pensiones, el nuevo sistema de salud del Magisterio, presentado por el gobierno como 'plan piloto' de la Reforma a la Salud, atravesaría una situación financiera compleja que habría reavivado el debate sobre el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). En medio de un déficit para garantizar la atención médica de los docentes, medios como Noticias RCN reportaron recientemente que durante 2025 se habría realizado un traslado cercano a $1,17 billones desde los rubros de pensiones y cesantías hacia el componente de salud, movimiento que habría sido revelado tras derechos de petición (según un derecho de petición citado por el representante Andrés Forero del Centro Democrático con el fin de cubrir el déficit generado por la implementación del nuevo modelo) y confirmado por la Fiduprevisora en documentos citados por la prensa. Aunque este traslado habría generado alertas sobre un posible riesgo para las prestaciones de los maestros, la información más actualizada matizarúa el alcance de la situación. Hasta el momento no habría un pronunciamiento oficial que indique que las pensiones o cesantías estén en peligro inmediato o que los recursos se hayan perdido, y desde el Fomag se ha señalado que estos movimientos estarían permitidos 'dentro del marco legal' del fondo. Sin embargo, persistiría una preocupación por una 'falta de giros suficientes' del Ministerio de Hacienda, lo que mantendría la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo de salud del magisterio. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Noticias RCN • Portafolio • El Espectador • La República
