🕒 Última actualización:
enero 21, 2026
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró críticas al decreto de Emergencia Económica del Gobierno Nacional al considerar que la medida pondría 'en riesgo' las finanzas y la autonomía de los departamentos. Durante un encuentro con ministros en Bogotá, sostuvo que la aplicación del decreto podría significar para Tolima una 'pérdida inicial' cercana a los $11.000 millones, cifra que en el mediano y largo plazo podría ascender hasta los $52.000 millones. Así las cosas, Matiz solicitó 'que se excluyan' los licores y los cigarrillos de la medida, al señalar que los cambios en su comercialización afectarían 'de manera directa' las transferencias de la Fábrica de Licores de Tolima, recursos que se destinarían principalmente al sector salud. Además, que el incremento de impuestos llevaría a los consumidores a migrar 'hacia productos más baratos', lo que, según refirió, debilitaría a la industria regional y pondría 'en riesgo' la sostenibilidad de las fábricas.
El secretario de Cultura y Turismo de Tolima, Alexander Castro, dijo que la gobernadora Adriana Magali Matiz habría sido blanco de presuntos 'ataques coordinados' en redes sociales, que incluirían 'violencia verbal, política y de género', luego de defender las rentas de los departamentos y la 'autonomía territorial' frente al Gobierno Nacional. Según Castro, los mensajes provendrían de perfiles, por lo que solicitó a la Fiscalía 'investigar los hechos' y a la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales 'proteger los derechos' de la mandataria. Castro aseguró que se habrían identificado al menos siete “bodegas” activas en Tolima 'dedicadas a promover' estos 'ataques digitales'. Hace unos días, el Presidente Gustavo Petro también acusaba el uso de 'bodegas' para 'atacar' al Gobierno Nacional.
Siguiendo con el tema de la Emergencia Económica, el gremio nocturno y de entretenimiento de Tolima también aseguró estar enfrentando una 'crisis' por el aumento de costos derivado del decreto. Andrés Viana, representante del sector, ha referido que el alza en los precios de los licores, sumada al IVA y al impuesto al consumo, ya se traduciría en 'cierres de establecimientos y reducción de empleos', y que al menos tres locales 'de gran tamaño' en Ibagué habrían cerrado en los primeros días de enero. Empresarios del sector señalaron que el menor poder adquisitivo de los clientes habría reducido 'de forma drástica' las ventas, afectando a bares y discotecas, pero que también 'a toda la cadena económica asociada al entretenimiento nocturno'. Aunque muchos establecimientos han evitado ajustar sus precios 'para no perder clientela', refirieron que los incrementos serían 'inevitables', por lo que calificaron el decreto como una 'medida irresponsable' que no tuvo en cuenta 'su impacto integral' sobre la economía regional.
El Gobierno Nacional ha dicho que se habrían 'superado' las tensiones con los gobernadores por el decreto, y que 'todos' deberían aplicarlo. Tras la reunión, el ministro del Interior Armando Benedetti afirmó que la Nación compensaría a los departamentos si la medida afecta sus ingresos y defendió que el decreto sería 'constitucional' y no vulneraría 'la autonomía regional'. No obstante, algunos mandatarios mantienen reparos, como Matiz, entre lo jurídico y lo fiscal. A pesar de ello, el Ejecutivo habría dado por cerrada la confrontación y avanzaría en la implementación del decreto, mientras el debate seguiría en la Corte Constitucional y en nuevas reuniones. En tanto, el decreto de Emergencia Económica, efectuado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y un déficit estimado de $16,3 billones para 2026, incluiría algunos alivios tributarios para personas naturales y jurídicas con obligaciones en mora al 31 de diciembre de 2025, según reportó Caracol Radio. Entre los beneficios estarían la reducción de sanciones e intereses, una tasa preferencial de interés moratorio del 4,5% efectivo anual (frente al 22,36 % vigente), la posibilidad de conciliaciones judiciales y la normalización tributaria. Para acceder, los contribuyentes deberían pagar 'el 100%' de la obligación antes del 31 de marzo, con plazo hasta el 30 de abril para acogerse a los mecanismos ofrecidos por la Dian. De todos modos, la controversia persiste. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La FM • Ondas de Ibagué • Caracol Radio
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