🕒 Última actualización:
enero 26, 2026
Tras la salida de Adith Rafael Romero de la dirección de la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por una 'inestabilidad' en el liderazgo de la entidad, que ya completaría cinco directores en el actual Gobierno Nacional. Según la entidad, esta situación habría afectado 'la continuidad institucional, el avance de procesos estructurales y la implementación de la política pública de atención a víctimas', en un contexto marcado además por una 'baja ejecución presupuestal' y cuestionamientos administrativos. La salida de Romero se formalizó mediante el Decreto 055 del 22 de enero, que lo declaró 'insubsistente'. De acuerdo con Revista Semana, altos funcionarios del gobierno ya habrían solicitado su renuncia y, de forma preliminar, la Presidencia llegó a publicar la hoja de vida de una posible reemplazante, Lilia Clemencia Solano, antes de retirarla. Mientras se define un nombramiento en propiedad, la dirección quedó en manos de Breiner Osorio Pinto, asesor del despacho.
El nombramiento de Romero estuvo rodeado de cuestionamientos por una 'falta de experiencia' en el sector y por una trayectoria profesional que no guardaría relación con las funciones del cargo, ya que buena parte de su experiencia laboral se habría dado en el sector privado como escolta. A esto se sumaron denuncias que señalan que la Unidad de Víctimas presuntamente habría quedado bajo el control de cuotas políticas 'asociadas a un clan' de Santander, liderado por el senador Gustavo Moreno (En Marcha) y el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique. Las alertas habrían escalado tras denuncias sobre un contrato directo por más de $112.000 millones adjudicado a una unión temporal sin experiencia jurídica para la defensa judicial de la entidad, lo que habría despertado dudas sobre los controles y la supervisión. El tema sería especialmente sensible porque la Unidad de Víctimas administra un presupuesto cercano a los $4,5 billones y, más allá de eso, se responsabiliza en atender a casi 10 millones de víctimas del conflicto armado con 'asistencia integral, reparación económica y respuesta' a 'crisis humanitarias permanentes'. Este reporte continúa en desarrollo.
A propósito de víctimas del conflicto armado colombiano, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), varios militares colombianos habrían admitido haber 'facilitado y encubierto' la incursión paramilitar que derivó en la masacre de Barrancabermeja de 1998. Los testimonios apuntan a que habría existido -conocimiento previo' de la operación y 'órdenes explícitas' de no intervenir, señalando a la cúpula del Batallón Nueva Granada, entonces comandado por el coronel Óscar Diego Sánchez, así como a otros altos oficiales. El exjefe de inteligencia Oswaldo Prada Escobar reconoció reuniones previas a la masacre y la disposición de apoyo logístico para el ingreso y salida de los paramilitares. Los relatos coinciden en que, a pesar de alertas de la comunidad, se habría ordenado a los soldados -permanecer en sus puestos' mientras se realizaban los crímenes, y luego se habría intentado simular una 'reacción institucional inexistente'. Según se reportó, el capitán Jorge Eduardo González habría confesado haber sido 'enlace' entre inteligencia militar y grupos paramilitares, en versiones que reforzarían señalamientos previos de exparamilitares sobre la complicidad de la Fuerza Pública. La Fiscalía confirmó que el proceso por la también llamada “Masacre de Barranca” seguiría activo y que varios oficiales habrían rendido declaración, reabriendo el debate sobre la responsabilidad institucional y la impunidad en uno de los episodios más complejos del conflicto armado colombiano. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Semana • El País • TeleSUR
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