🕒 Última actualización:
enero 26, 2026
El magistrado Carlos Roberto Solórzano, designado como ponente de los recursos de casación en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, fue recusado (una solicitud para que un juez o magistrado se aparte de un caso por posibles dudas sobre su imparcialidad) por los abogados de las víctimas ante la Corte Suprema de Justicia. La solicitud se basa en posibles conflictos de interés que, según los juristas, podrían afectar 'la imparcialidad' del magistrado en esta etapa clave del proceso. La recusación se presentó pocos días después de que, el 23 de enero, se conociera oficialmente que Solórzano asumiría la ponencia del caso. De acuerdo con El Reporte Coronell, uno de los argumentos centrales sería que el magistrado fue firmante de la tutela que permitió suspender el juicio contra Uribe en marzo de 2025, decisión que ahora es citada como 'antecedente' que presuntamente comprometería su neutralidad.
El también nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema (Solórzano) tendría un papel determinante, ya que sería el encargado de presentar el proyecto de fallo sobre los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía y por los representantes de las víctimas. Por esa razón, los señalamientos sobre eventuales conflictos de interés adquirirían una especial relevancia en el desarrollo del proceso judicial. Otro elemento que sustenta la recusación es el vínculo familiar del magistrado. Según lo expuesto, su hijo, Carlos Roberto Solórzano, habría sido designado como asesor del procurador delegado Bladimir Cuadro en el caso Uribe, nombramiento realizado durante la gestión de la exprocuradora Margarita Cabello. Las víctimas consideran que esta cercanía con la Procuraduría afectaría 'la apariencia de imparcialidad' que debería 'rodear' al ponente.
Así las cosas, los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba argumentaron que dicha relación podría haber 'influido indirectamente' en el concepto del Ministerio Público, que en su momento solicitó revocar (anular) la condena contra el expresidente. Villalba agregó que, aunque no se trate de una relación directa con las partes, el vínculo generaría 'desconfianza' y justificaría que el magistrado se aparte del caso 'para preservar la transparencia' del proceso. Ahora, Solórzano deberá decidir si acepta o no el impedimento. En caso de declararse impedido, la Sala Penal designará un nuevo ponente sin que ello afecte los recursos de casación ya presentados. Si rechaza la recusación, los abogados de las víctimas podrían insistir para que el pleno de la Sala Penal determine si existen méritos suficientes para apartarlo del proceso antes de que se emita el fallo definitivo. Uribe fue declarado culpable en primera instancia, pero fue declarado inocente por el Tribunal Superior dd Bogotá (segunda instancia) y el caso pasó a la Corte Suprema ('última instancia'), que podría tardar en emitir una decisión. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • El Reporte Coronell
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