🕒 Última actualización:
febrero 12, 2026
El Estado colombiano aceptó su 'responsabilidad internacional' por la masacre de Barrancabermeja (Santander) de 1998 en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) realizada 27 años después de los hechos. El reconocimiento fue hecho por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, durante una sesión en la que también se habrían escuchado testimonios de víctimas y familiares. La matanza habría ocurrido el 16 de mayo de 1998, cuando paramilitares de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar habrían recorrido barrios del nororiente de Barrancabermeja en busca de supuestos milicianos del ELN. En la incursión habrían sido asesinadas siete personas y al menos 25 fueron desaparecidas 'de manera forzada', y hasta hoy se desconocería el paradero de varias víctimas.
Exintegrantes del grupo paramilitar admitieron después que uno de los informantes 'se equivocó' al señalar a las personas atacadas y que la mayoría no tendría vínculos con la guerrilla. Con el paso de los años, el caso habría acumulado testimonios y documentos que habrían apuntado a una posible 'coordinación entre estructuras paramilitares y agentes estatales'. La Corte estableció que entre los atacantes habría hombres con uniformes del Ejército y del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Además, en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar reconoció que miembros del Ejército 'permitieron la masacre' y 'mantuvieron silencio' sobre lo ocurrido.
Otras investigaciones periodísticas han señalado que la incursión habría sido supuestamente facilitada 'por distintos agentes estatales' y que su planeación vendría 'de años atrás'. Un reporte de Rutas del Conflicto reveló reuniones en las que habría participado el entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González Sánchez, en las que se habría 'coordinado' el ataque. Según esas indagaciones, alias Pepo, quien confesó su participación en la masacre dentro del proceso de Justicia y Paz, habría sido contratado meses después por la petrolera con la misión de infiltrar a la Unión Sindical Obrera 'para identificar' supuestos colaboradores de la guerrilla, lo que habría escalado nuevamente la controversia sobre la relación entre actores armados ilegales y sectores institucionales. El reporte está en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía
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