🕒 Última actualización:
febrero 27, 2026
El Congreso de Argentina convirtió en ley la denominada Ley de Modernización Laboral, una reforma considerada 'clave' para el gobierno. El Senado la aprobó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, luego de que ya contara con el aval de la Cámara de Diputados. El oficialismo (afines al gobierno...) habría logrado su sanción en sesiones extraordinarias de verano, apoyado en nuevas mayorías surgidas tras las elecciones legislativas de medio término de octubre. El proyecto, dividido en 218 artículos y múltiples capítulos temáticos, habría atravesado un trámite legislativo complejo. Aunque ambas cámaras lo habían aprobado en febrero, debió regresar a la cámara de origen por la eliminación de un artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario durante ausencias por esa causa. El gobierno aceptó cambios al texto original para destrabar resistencias, incluso entre aliados, y así asegurar su aprobación definitiva.
El núcleo de la reforma se centraría en las indemnizaciones por despido sin causa. Se mantienen, pero se modifican las bases de cálculo: se excluirían conceptos como 'el aguinaldo, premios no habituales y bonos por objetivos', y se fijaría un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio aplicable. Además, las pequeñas y medianas empresas podrían pagar hasta en 12 cuotas y se habilita la creación de fondos de cese laboral financiados con aportes patronales, una medida cuestionada por su posible impacto en el sistema previsional (todo lo vinculado con el sistema de jubilaciones y pensiones). La ley también introduciría mayor flexibilidad en la jornada laboral. Incorpora la figura del banco de horas para compensar horas extras con descansos, permitiría 'extender' la jornada diaria hasta 12 horas 'sin superar el máximo semanal' y autoriza 'fraccionar' las vacaciones en períodos no menores a siete días. El período de prueba podría ampliarse hasta 12 meses en empresas de hasta cinco empleados, y se promoverían incentivos 'para la inversión y la formalización laboral', junto con un traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
En materia sindical, se limitan aspectos del derecho a huelga al ampliar los sectores obligados a garantizar servicios mínimos (con coberturas de entre 50% y 75%) y se exige 'autorización empresarial' para realizar asambleas en los lugares de trabajo. Los bloqueos de empresas se tipifican como 'injuria laboral grave', causal de despido. A la vez, se mantienen por dos años los aportes patronales a obras sociales sindicales y la cuota sindical, pero se elimina la ultractividad de los convenios colectivos (principio del derecho laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo sigue vigente aun después de su vencimiento, hasta que se firme uno nuevo), dando prioridad a acuerdos por empresa. La norma también regularía el trabajo en plataformas mediante la figura del trabajador independiente, por fuera de la ley de contrato de trabajo, y eliminaría multas por irregularidades en el registro laboral para facilitar un blanqueo sin sanciones penales. El gobierno sostiene que se pretendería 'generar empleo formal y reducir la litigiosidad', mientras sindicatos y opositores advierten que se trataría de una flexibilización que 'recorta derechos históricos' consolidados desde la etapa de Juan Domingo Perón y reformulados tras la derogación de la ley laboral del 2000 durante la presidencia de Néstor Kirchner. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • CNN
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
