🕒 Última actualización:
febrero 16, 2026
Una auditoría interna al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) habría encendido alarmas sobre presuntos 'pagos irregulares' que superarían los $260.437 millones, correspondientes principalmente a primas de mitad de año giradas entre 2024 y 2025, de un total de $458.799 millones desembolsados. El informe identificaría 'inconsistencias' que incluirían 'pagos a docentes no habilitados, beneficiarios con doble pensión y personas reportadas como fallecidas', varios de ellos calificados como casos de “máxima gravedad” por haberse realizado 'en contravía' de decisiones judiciales en firme. Entre los hallazgos se destacarían 10.304 pagos por $163.924 millones a docentes que habrían adquiriro su estatus pensional después del 31 de julio de 2011; 4.405 pagos por $83.082 millones efectuados en supuesto desacato a sentencias judiciales definitivas; 388 pagos por $4.932 millones a beneficiarios con pensión gracia o doble asignación; 185 transferencias por $3.974 millones a personas con mesadas superiores al tope legal; y 506 pagos por $4.281 millones a personas reportadas como fallecidas. Uno de los actores mencionados en la investigación es el abogado Yovanny López Quintero, quien asegura representar al 85% de los docentes involucrados.
El jurista refiere que los pagos obedecerían a 'actos administrativos' del propio Fondo y que la prima de mitad de año continuaría vigente bajo el régimen especial del magisterio, a pesar de limitaciones del Acto Legislativo 01 de 2005. Además, ha dicho que, si se suspenden los pagos, podrían generarse “50.000 demandas más”. Tanto el abogado como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) sostienen que los pagos serían 'legales' y corresponderían a 'derechos adquiridos' de maestros jubilados. El informe surgió tras la llegada de Herman Bayona a la vicepresidencia del Fomag. El Presidente Gustavo Petro denunció durante un reciente Consejo de Ministros la existencia de presuntos “anillos de corrupción” integrados por abogados y magistrados que, según él, estarían usando 'demandas y tutelas' para 'desviar recursos públicos' destinados a indemnizaciones. De acuerdo con el mandatario, estas prácticas afectarían a docentes, pero también a comunidades indígenas y, según su denuncia, parte del dinero podría terminar en estructuras criminales como el Clan del Golfo. Las revelaciones también han generado críticas como la del exministro Alejandro Gaviria, quien calificó al actual Ejecutivo como “el más corrupto de la historia reciente de Colombia”, cuestionando 'la efectividad' de los organismos de control, acusando al gobierno de supuestamente 'minimizar su responsabilidad' y que 'la repetición' de escándalos e impunidad generaría 'tolerancia institucional y dudas' sobre la gestión de los recursos públicos.
Este lunes, 16 de febrero, se conoció una tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia (Quindío) que ordenó investigar al ministro de Educación Daniel Rojas, a la directora de Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, y al abogado Yovanny López por los presuntos pagos irregulares en el Fomag. De confirmarse las irregularidades, funcionarios y docentes involucrados podrían enfrentar procesos judiciales y eventuales obligaciones de reintegro de recursos. El Fomag informó que habría puesto los hallazgos en conocimiento de la Fiscalía y de los entes de control mientras se revisan procedimientos administrativos y bases de datos. Según medios que han seguido el caso, la investigación podría escalar e involucrar a 'abogados, docentes y funcionarios' que habrían 'recibido' los pagos, lo que habria reavivado el debate sobre los mecanismos de vigilancia del sistema. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio • Infobae • La República • Caracol Radio
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