🕒 Última actualización:
febrero 13, 2026
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 22 exmiembros de bloques amazónicos de las antiguas Farc por 'secuestro', tras cerrar la investigación sobre este crimen. Serían 15 comparecientes del Bloque Oriental y siete del Bloque Sur, señalados por su responsabilidad en 'miles de casos' ocurridos en el marco del conflicto armado en varias regiones del país. El Bloque Oriental, comandado por Jaime Alberto Parra y Julián Gallo Cubillos, es atribuido con el 34% de los secuestros nacionales y habría operado en 'amplias zonas' de la Orinoquía y la Amazonía. El Bloque Sur, dirigido por Milton de Jesús Toncel, concentraría el 8% de los casos y habría actuado en departamentos del sur del país con 'fines de financiamiento, control territorial e intercambio de guerrilleros'.
La investigación documentaría 'cobros de hasta $10 mil millones' por víctima y 'múltiples abusos' asociados al secuestro. Entre los testimonios figura el de una familia de Caquetá que habría sido retenida y obligada a 'trabajar gratis' tras negarse a transportar guerrilleros. Además, cerca de 800 víctimas habrían acreditado delitos adicionales: en el Bloque Sur predominarían denuncias por 'malos tratos' y en el Oriental por 'tortura'. Del total de 4.439 víctimas reconocidas por la JEP, el 27,9% responsabiliza al Bloque Oriental y el 17,3% al Bloque Sur. Los imputados tendrían 30 días hábiles para aceptar o rechazar cargos, mientras las víctimas podrían presentar observaciones. Luego se realizaría una audiencia pública de 'reconocimiento de verdad' y se emitiría una resolución 'de conclusiones'. En ese sentido, que quienes aporten 'verdad' podrían recibir sanciones restaurativas con restricciones de derechos sin cárcel, pero quienes nieguen responsabilidad pasarían a la unidad de investigación y acusación y, de ser condenados, enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión.
A propósito de la JEP, esta solicitó en las últimas horas al Gobierno Nacional expedir 'con urgencia' el decreto que define cómo se cumplirían las sanciones restaurativas impuestas a responsables del conflicto armado, advirtiendo que el cambio de administración podría 'frenar la ejecución' de sus fallos. Su secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, presentó un recurso de insistencia ante una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) que visitó el país 'para evaluar avances'. La JEP señaló que el decreto sería 'clave' para la garantía de 'condiciones jurídicas y operativas' que permitan 'materializar sentencias y proteger la independencia' del sistema de justicia transicional en medio del contexto electoral. La visita internacional habría revisado las primeras sanciones propias anunciadas a mediados de 2025 contra exjefes Farc por 'secuestros y ejecuciones extrajudiciales', consideradas 'un hito' en la justicia transicional colombiana. Desde el Gobierno Nacional se habrían reconocido 'dificultades' para coordinar 'los tiempos administrativos con los judiciales', aunque anunciaron 'proyectos restaurativos' que comenzarían en abril. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, recordó que el Estado tendría 'compromisos internacionales' de asegurar 'presupuesto y estabilidad legal al modelo', y que el cumplimiento efectivo de las penas sería esencial 'para garantizar los derechos' de las víctimas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Universal (Colombia)
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