🕒 Última actualización:
febrero 26, 2026
El Presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la transparencia del proceso electoral a menos de dos semanas de las elecciones al Congreso, programadas para el 8 de marzo, durante la presentación del nuevo pasaporte colombiano en la Casa de Nariño. Petro vinculó la medida de quitarle la licitación de expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons con 'posibles riesgos' de fraude electoral, señalando que si quienes manejan datos privados de los ciudadanos también computan los resultados, Colombia estaría ante un “inmenso peligro de fraude”. El mandatario ha referido varios presuntos problemas electorales: primero cuestionó la orden de la Registraduría de no llenar las casillas en blanco en los formularios E14, luego el software electoral, y más recientemente señaló a Thomas Greg como 'principal sospechoso'. Además, dijo que “en 2014 hubo fraude electoral en las elecciones al Congreso y lo que se encontró allí se mantiene hoy”, y anunció que entregaría pruebas a autoridades internacionales. También solicitó el código fuente a Thomas Greg 'para revisar' el conteo de votos, recibiendo “silencio” como respuesta. Thomas Greg ha participado en la logística electoral desde 2010, incluyendo las presidenciales de 2022 y también procesos legislativos. Para las elecciones de 2026, la empresa volvió a adjudicarse el contrato bajo condiciones 'más competitivas' y con acompañamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE).
En contexto, en 2018 el Consejo de Estado de Colombia falló a favor del Partido Mira por irregularidades en el software de escrutinio de las elecciones de 2014, constatando que hubo manipulaciones 'en miles de registros y mesas electorales', y determinó que el sistema tecnológico pasara a ser propiedad del Estado 'para garantizar seguridad y trazabilidad' en el conteo de votos. Para las elecciones de 2022, la Registraduría compró un software a la empresa Indra y lo puso bajo el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), cumpliendo esa parte técnica del fallo. Sin embargo, siguen existiendo contratos con terceros para etapas previas del proceso, como el preconteo local, y Petro, citando lo anterior, sostiene que esa parte 'no ha cambiado' lo suficiente, acusando supuesto 'desacato', aunque esa interpretación no ha sido avalada oficialmente por autoridades electorales independientes. Por otra parte, Petro también ha mencionado a la empresa ASD, a la que señaló por supuestas irregularidades electorales, aunque esta no participaría en las elecciones de 2026 en Colombia tras ceder su lugar en la Unión Temporal Electoral 2026, decisión aprobada por la Registraduría. La polémica surgió luego de que la Revista Raya publicara una investigación sobre fallas técnicas y falta de veeduría en las presidenciales de Honduras de 2025, donde la empresa estuvo involucrada. En Colombia, ASD también ha enfrentado cuestionamientos por diferencias en formularios electorales y por su papel en el escrutinio de 2022.
Las acusaciones derivaron también en un enfrentamiento entre este y el procurador Gregorio Eljach, que se intensificó luego de que este último dijera que la Procuraduría 'no toleraría' que se juegue 'con la honra' de Colombia y cuestionara la legalidad de las declaraciones del presidente, incluso sugiriendo dudas sobre su estado mental. Petro respondió: “es la honra de Colombia y con ella no se juega. La Procuraduría desde el año 2018 viene desacatando las órdenes del Consejo de Estado”. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que no se “minimicen” las quejas de Petro y que cada una 'sea tramitada' para 'garantizar la transparencia electoral'. Mientras tanto, Eljach y el registrador Hernán Penagos han reiterado que hasta ahora no habría evidencia de irregularidades y se reunirían con la Contraloría 'para revisar' la situación. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha dicho que las declaraciones del presidente deberían entenderse como una 'preocupación legítima' por el proceso y no como 'ataque personal o institucional'. El partido del presidente, el Pacto Histórico, ha mantenido cuestionamientos a la organización electoral, mientras la Defensoría y las autoridades insisten en una 'falta de evidencia' de irregularidades. A propósito, este miércoles, 25 de febrero, se reportó que más de dos mil delegados de partidos revisarían el código fuente del software de escrutinio. El ministro del Interior Armando Benedetti se reunió con el procurador Eljach y el registrador Penagos 'para revisar' garantías. La auditoría del código es un procedimiento permitido y habitual para los partidos. Este jueves, 26 de febrero, se actualizó que la Registraduría entregaría al procurador la custodia del código fuente del software de preconteo, y que el sistema quedaría “congelado” y bajo control de los entes de vigilancia 'para evitar modificaciones'. Este reporte continúa en desarrollo.
A propósito del complejo panorama político y electoral, Iván Cepeda (Pacto Histórico, y quien también ha cuestionado 'fallas' del sistema electoral e incluso propuesto la eliminación y reemplazo del CNE) y Abelardo De la Espriella, líderes en las encuestas presidenciales, también enfrentarían crecientes desafíos de seguridad durante sus campañas. Cepeda denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presunta persecución política por parte del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, basada en acusaciones sobre su supuesta relación con las Farc y el narcotráfico, derivadas de los computadores de alias Raúl Reyes (exjefe Farc muerto en combate en 2008), material del que la Corte Suprema determinó que hubo irregularidades en la forma como se recolectó y trasladó, por lo que no se podía asegurar que el contenido no hubiera sido alterado. Durante un acto en Tumaco (Nariño), Cepeda también alertó sobre la presencia de personas con camisetas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), disidencia Farc que ha crecido en los últimos años y participa en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. Las personas habrían sido reportadas a la Policía, y Cepeda habría coordinado con las autoridades, bajando de la tarima y llamando a que el hecho 'se investigue'. De la Espriella, por su parte, reforzó su seguridad hace unos días tras recibir alertas de posibles atentados del ELN, implementando atriles blindados en sus intervenciones y solicitando 'protección oficial' en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, ante información técnica y llamadas anónimas que alertarían sobre frentes urbanos del grupo guerrillero. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio • Infobae • Asuntos Legales • El Tiempo • Vanguardia • Revista Raya
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