🕒 Última actualización:
marzo 25, 2026
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al senador Ciro Ramírez, del partido Centro Democrático, a 23 años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’, también referido como ‘Marionetas 2.0’. La Sala de Primera Instancia fijó la pena en 279 meses y 8 días de cárcel, además de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 280 meses y 20 días y una multa cercana a $22.340 millones. El fallo, de 438 páginas, puede ser apelado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. El tribunal lo halló responsable de los delitos de 'concierto para delinquir agravado, cohecho propio (delito en el que un funcionario recibe beneficios indebidos, y omite acciones propias de su cargo para favorecer) e interés indebido en la celebración de contratos'. Según la Corte, Ramírez participó en la red de corrupción, pero también lideró una estructura criminal 'compuesta por funcionarios, contratistas y particulares', orientada a direccionar contratos estatales a cambio de beneficios económicos y políticos.
El núcleo del caso habría sido el Convenio 670 de 2021, suscrito entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta, durante el anterior Gobierno Nacional. A partir de este acuerdo se desprendieron múltiples contratos que habrían sido manipulados 'para beneficiar' a aliados del senador, especialmente en los departamentos de Quindío y Tolima. La Corte determinó que Ramírez 'tuvo injerencia indebida' en al menos 13 contratos de obra pública que sumaban cerca de $90.000 millones. No obstante, fue absuelto del delito de interés indebido en relación con algunos contratos específicos (4, 12, 16 y 17), al no encontrarse pruebas suficientes en esos casos puntuales.
Dentro del entramado aparecen figuras como el contratista Anderson González, Katherine Rivera (exintegrante de la unidad de trabajo legislativo, UTL, del senador) y Pablo César Herrera, gerente de Proyecta en Quindío. También se establecieron vínculos con Alejandro Noreña Castro, en el marco de la campaña electoral de 2022, lo que habría reforzado la tesis de que el esquema habría pretendido 'beneficiar' aliados políticos y su proyecto electoral. El escándalo trascendio en 2022 con la captura de varios implicados, incluido el exsenador Mario Castaño (Partido Liberal), señalado como líder de la red y quien murió en prisión tras confesar el funcionamiento del esquema, mediante el cual se habrían apropiado de cerca de $43.000 millones. La investigación también habrían alcanzado al exdirector del DPS y excongresista del Centro Democrático (exrepresentante por Tolima) Pierre García. Con esta condena, el caso tiene efectos sobre la representación actual del partido en el Senado y repercusiones políticas en medio del escenario electoral, incluyendo posibles impactos en figuras como la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, también del Centro Democrático. El reporte está en desarrollo.
Vía: El País • La Razón
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