🕒 Última actualización:
marzo 02, 2026
Medios reportan que la Procuraduría General de la Nación habría decidido no prorrogar la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas Herrera y del subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, quienes enfrentan una investigación por presuntamente entregar información a alias Calarcá, jefe de una de las disidencias Farc. La decisión fue firmada por el procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción, indicando que 'no se cumplían los requisitos' para extender la suspensión, originalmente emitida el 27 de noviembre pasado. En los documentos oficiales se señalaría que la suspensión no se habría prorrogado “del ejercicio de los cargos de comandante de personal del Ejército Nacional y director de inteligencia de la DNI, respectivamente, al BG Juan Miguel Huertas Herreras y el señor Wilmar de Jesús Mejía”. La Sala Disciplinaria consideró que, en esta etapa, no hay pruebas suficientes para mantenerlos fuera de sus cargos. La medida buscaba evitar que los funcionarios continuaran en sus cargos mientras se desarrolla la investigación disciplinaria, asegurando que 'no se repitan conductas' que 'puedan afectar' el proceso.
Horas antes, la DNI había solicitado a la Procuraduría aclarar si la suspensión de Mejía seguía vigente, destacando que la falta de respuesta impedía contar con seguridad jurídica sobre la situación actual del funcionario. Con la decisión de no prorrogar la suspensión, Huertas y Mejía podrían retomar sus funciones en los próximos días, aunque la investigación seguiría abierta y en fase de recolección de pruebas. La investigación preliminar indaga los presuntos vínculos de ambos funcionarios con las disidencias de las Farc comandadas por 'Calarcá', incluyendo la supuesta entrega de información reservada y códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como un eventual apoyo en la creación de empresas de seguridad que podrían legalizar armas o preparar operaciones frente a la finalización de diálogos con el gobierno.
Tanto Huertas como Mejía han negado en varias ocasiones haber tenido vínculos con este grupo armado ilegal. Según se ha dicho, la Procuraduría pretendería, mediante la recolección de evidencias y solicitud de pruebas, verificar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y determinar si los funcionarios actuaron 'bajo alguna causal' de exclusión de responsabilidad. El caso generó amplia atención pública y mediática, por 'la transparencia y rapidez' en los procesos disciplinarios de alto perfil, especialmente cuando involucran a funcionarios de las Fuerzas Militares y de inteligencia. La Fiscalía deberá verificar la autenticidad y temporalidad de los documentos que dieron origen al caso (para mayor contexto, consultar en el blog). El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Heraldo • Revista Semana • Revista Cambio
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