🕒 Última actualización:
marzo 27, 2026
El Gobierno Nacional habría firmado desde 2022 más de 80.700 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones comunales, consejos comunitarios y resguardos, según datos de Colombia Compra Eficiente reportados por El Tiempo. Según el reporte, estos contratos se habrían realizado principalmente mediante 'contratación directa'. En total, más de $31 billones presuntamente han sido entregados 'sin licitación' a través de las denominadas Asociaciones Público-Populares, una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional 'por vulnerar' principios de transparencia.
A pesar de esta decisión, el mecanismo habría continuado siendo utilizado y ha generado amplios cuestionamientos, especialmente porque la mayoría de los contratos presentaría 'baja ejecución'. Según se dijo, varios supuestamente permanecerían en estados como “celebrado”, “modificado” o en ejecución, lo que ha sido interpretado por críticos como 'señales de desorden administrativo e ineficiencia' en el uso de los recursos. La distribución de los recursos mostraría que más de $25 billones se habrían adjudicado en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de $2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de $1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de $700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; $6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de $382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
El nivel de ejecución sería bajo: de los contratos con asociaciones comunales solo 7.309 aparecerían como terminados, mientras que en otros casos las cifras presuntamente serían 'mínimas'. Entidades como la Contraloría han referido 'posibles irregularidades, dificultades para rastrear recursos (algunos entregados en efectivo) y riesgos' en la trazabilidad (seguimiento...) del dinero público. Las críticas se intensificarían en medio del contexto electoral, donde expertos prometerían que el problema no estaría en las comunidades beneficiadas, sino 'en la forma' en que se habrían asignado los recursos. Además, que programas como “Caminos Comunitarios de la Paz Total” reflejarían este panorama: de 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos, solo se habría ejecutado una pequeña parte (unos 2.400 kilómetros), lo que reforzaría alertas sobre 'la eficiencia, el control y el posible uso político' de ello. El reporte está en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • El Tiempo • El Colombiano
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