🕒 Última actualización:
marzo 16, 2026
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exintegrantes del Ejército Nacional por 'violaciones graves' a los derechos humanos y 'crímenes de guerra' cometidos entre 2001 y 2012 contra comunidades afrocolombianas, indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y campesinas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño. Los militares pertenecían al Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 y al Batallón de Contraguerrilla No. 93, y sus acciones habrían afectado a unas 16.337 personas mediante 'desplazamientos, confinamientos y hostilidades' en el Pacífico nariñense. Con esta decisión se cerraría la etapa de investigación del macrocaso 02, que analiza la situación territorial en esa región. Es la segunda imputación dentro de este expediente: en 2023 la JEP ya había imputado a 15 excombatientes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el mismo territorio durante el conflicto armado.
La investigación habría identificado tres 'patrones macrocriminales' en la actuación de la fuerza pública. El primero habría sido una 'estigmatización y violencia selectiva' contra líderes sociales, organizaciones comunitarias y habitantes señalados como 'colaboradores' de la guerrilla. El segundo consistió en 'asesinatos de civiles' presentados 'falsamente' como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, en medio de 'presiones por mostrar resultados operacionales'. El tercer patrón estuvo relacionado con el control militar del territorio y la restricción de derechos en zonas habitadas por comunidades étnicas y campesinas. Según la JEP, el territorio habría sido tratado como un 'recurso estratégico' de la guerra contrainsurgente, lo que generó 'militarización intensiva, ocupación de bienes civiles, restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la vida cultural, social y espiritual de estas comunidades'.
El tribunal también habría documentado 'torturas físicas y psicológicas' contra civiles acusados de pertenecer a la guerrilla 'para obtener información'. Además, señaló que la violencia habría tenido un 'impacto diferencial' en la región debido a factores como 'racismo estructural, abandono estatal y alta presencia' de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En el mismo auto, la JEP abrió un debate sobre las aspersiones aéreas con glifosato en Nariño dentro de la política antidrogas. Aunque no imputó responsabilidades penales directas por estas fumigaciones, advirtió que habrían podido generar 'daños graves' a la salud, ecosistemas y territorios étnicos, incluso con 'posibles vínculos con crímenes de lesa humanidad como exterminio, persecución y traslado forzoso'. Tras la imputación, los militares tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos; si los aceptan, pasarán a una audiencia pública de reconocimiento, y si no, el caso podría ir a juicio con penas de hasta 20 años de prisión. El reporte está en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio
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