🕒 Última actualización:
marzo 31, 2026
Cinco menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en la selva del Caquetá fueron rescatados por tropas del Ejército Nacional, luego de un operativo activado tras la denuncia de sus padres. Los adultos habían sido secuestrados por disidencias Farc, pero habrían logrado escapar y alertar a las autoridades sobre la ubicación de sus hijos, quienes permanecían ocultos en zona selvática 'para evitar' su reclutamiento forzado. El caso se da en medio de una compleja crisis de seguridad en el departamento, donde el gobernador Luis Francisco Ruiz ha denunciado 'más de 100 reportes' de 'extorsiones, secuestros y control territorial' atribuidos a estructuras disidentes que serían comandadas por alias Calarcá. Según Ruiz, estas acciones continuarían a pesar de la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional, lo que habría escalado una preocupación por 'el fortalecimiento militar y económico' de estos grupos armados en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia. Tras labores de inteligencia, los militares habrían ubicado a los menores en zona rural y ejecutado maniobras como un asalto aéreo para completar el rescate. Los niños, de entre 3 y 18 años, fueron trasladados a Florencia para valoración médica y posterior reencuentro con sus familias. Todo se da cuando la Fiscalía y otras autoridades evaluaban reactivar órdenes de captura contra ‘Calarcá’, en medio del debate sobre la efectividad de los diálogos y el accionar de las disidencias.
A propósito, hoy se reportó que la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó la resolución 0072 que suspende temporalmente las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). La medida iría para representantes principales y suplentes de las llamadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, varios de ellos vinculados a procesos de diálogo con el gobierno. Según se dijo, la decisión pretendería facilitar los avances en las negociaciones que el Gobierno Nacional adelanta con estos grupos dentro de la política de Paz Total. Desde 2023, estos diálogos se desarrollan principalmente en la cárcel de Itagüí, donde funcionarían espacios sociojurídicos que permiten la interlocución con voceros de las bandas. En total, 16 de los beneficiados estarían recluidos en esa cárcel como 'representantes activos' en la mesa, mientras que otros siete ya habrían cumplido sus condenas. No obstante, se precisó que la medida no implica excarcelación de quienes estén privados de la libertad y aplicará por seis meses para que los beneficiados participen en Espacios de Conversión Sociojurídicos. Para el gobierno, la suspensión sería 'necesaria para permitir' la movilidad de los voceros en actividades del proceso, en un contexto donde se destacan reducciones recientes en los índices de homicidio en Medellín y su área metropolitana.
La medida tendría una vigencia inicial de seis meses, prorrogables según los avances del proceso, y se limita a Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro. No aplicaría en casos de flagrancia ni para delitos graves como 'secuestro, extorsión o violaciones a derechos humanos', ni frente a órdenes de captura con fines de extradición. Además, que cada vocero debería firmar compromisos de 'no reincidir' en delitos, 'no portar armas y participar activamente' en las negociaciones. Nueve de los beneficiados habrían participado en el llamado “tarimazo” de 2025 en La Alpujarra junto al Presidente Gustavo Petro, entre ellos alias “Douglas”, “Carlos Pesebre”, “Tom”, “Juan 23”, “El Tigre”, “Albert”, “El Indio”, “El Saya” y “Vallejo”. Este antecedente ya había generado controversia sobre los alcances de la negociación con estructuras criminales urbanas. Y es que la decisión ha sido criticada por autoridades locales como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quienes consideran que la medida presuntamente 'favorece a criminales' en plena coyuntura electoral y 'pone en riesgo' la seguridad. También cuestionaron una falta de un 'marco legal claro' para este tipo de procesos, señalando que la mesa de negociación 'aún no tiene acuerdos estructurados' y que la reducción de la violencia respondería a múltiples factores, incluidos 'pactos entre bandas'.
En otras noticias relacionadas con el conflicto armado en el país y el papel de grupos ilegales en el marco de la 'Paz Total' del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo alertó recientemente sobre un aumento de homicidios en Buenaventura (Valle), con al menos 23 asesinatos entre febrero y marzo, principalmente de jóvenes, atribuidos a 'disputas internas y reconfiguración' de grupos armados como Los Shottas y Los Espartanos, a pesar de acuerdos de desescalamiento en curso con el gobierno. Según esto, la violencia se habría expandido a varias comunas con “fronteras invisibles”, 'confinamientos, extorsiones, reclutamiento de menores y desapariciones', lo que evidenciaría un 'incumplimiento de compromisos y una respuesta estatal insuficiente', por lo que la entidad solicitó una 'intervención integral' en seguridad, justicia y oferta social, así como un 'cumplimiento efectivo' de los acuerdos por parte de los grupos ilegales. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía • El Tiempo • El Colombiano • Caracol Radio • Noticias RCN
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