🕒 Última actualización:
marzo 28, 2026
La sanción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria por parte del Presidente Gustavo Petro en Cereté, Córdoba, marcaría un 'avance clave' en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, al destrabar uno de sus pilares: la Reforma Rural Integral. Durante el acto, además, el Gobierno Nacional habría entregado 3.600 hectáreas a familias campesinas afectadas por la emergencia climática y anunció intervenciones que pretenderían 'recuperar' ecosistemas como las ciénagas del Bajo Sinú. La tierra ha sido históricamente el centro de los conflictos en Colombia, desde la violencia bipartidista hasta el surgimiento de guerrillas y economías armadas. Aunque el Acuerdo de Paz planteó 'transformar el campo', durante años el país no habría contado con una justicia especializada para resolver disputas sobre 'propiedad, uso y tenencia' de la tierra, lo que habría dejado un 'vacío estructural' en su implementación.
La nueva jurisdicción crearía por primera vez un sistema judicial especializado que permitiría a jueces y magistrados resolver 'de forma exclusiva' los conflictos agrarios entre campesinos, comunidades étnicas y el Estado. Antes, estos casos podían terminar en múltiples entidades o en despachos no especializados, lo que generaba 'demoras, confusión y fallos contradictorios'. La ley establece la creación de juzgados y tribunales agrarios en todo el país, así como Centros de Servicios Judiciales 'con apoyo técnico y facilitadores rurales' que orientarían a ciudadanos. También definiría instancias de cierre en altas cortes, lo que buscaría 'garantizar' decisiones 'coherentes y especializadas'. Según Petro, el objetivo es que los conflictos por la tierra se resuelvan 'por vías judiciales y no mediante la violencia'.
En el plano territorial, el mandatario vinculó esta política con problemáticas ambientales y de ordenamiento, al señalar que la concentración de la tierra y la intervención de ecosistemas habrían influido en emergencias como las inundaciones en Córdoba. Por ello, defendió acciones como 'la demolición de jarillones' para 'restaurar' el flujo natural del agua, en lo que denominó una “doble justicia”: social y ambiental. Los jarillones son diques de tierra construidos 'para contener o desviar' el agua y 'evitar inundaciones', pero también podrían alterar el flujo natural de ríos y ciénagas. En el contexto mencionado por Petro, su demolición pretendería 'restaurar' esos ecosistemas y 'prevenir afectaciones mayores', ya que su uso para expandir actividades como la ganadería habría terminano agravando inundaciones en algunas zonas.
Sin embargo, pese a la sanción de la ley estatutaria, aún falta la aprobación de una ley ordinaria que defina su funcionamiento práctico (procedimientos, competencias y tiempos), actualmente estancada en el Congreso y con plazo hasta el 20 de junio. Además, quedarían retos como 'la implementación gradual del sistema, la creación de despachos judiciales, la asignación de recursos y la puesta en marcha de equipos técnicos', sin los cuales la Jurisdicción Agraria no podría operar 'de manera plena', a casi 10 años del Acuerdo de Paz. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • Revista Cambio
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
