🕒 Última actualización:
abril 06, 2026
La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía General de la Nación, junto con otros organismos de control, abrir investigaciones tras unas declaraciones del Presidente Gustavo Petro sobre supuestas interceptaciones que han generado amplia controversia en el país. El pronunciamiento surgió luego de que el mandatario hiciera comentarios en su cuenta de X. El movimiento Defensores de la Patria también solicitó 'la intervención' de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo 'para esclarecer' si hubo irregularidades. Según la campaña, las afirmaciones del presidente presuntamente sugieren que el Gobierno Nacional tendría acceso a conversaciones privadas del candidato, lo que generaría 'preocupación' en medio del contexto electoral. Todo se originó cuando Petro mencionó la existencia de informes de inteligencia que involucrarían conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista, en el contexto del contrato de pasaportes.
Esto habría llevado a interpretar que dichas comunicaciones podrían haber sido obtenidas mediante interceptaciones, lo que habría motivado las solicitudes formales de 'explicación'. En detalle, el presidente aseguró en su escrito que dichos informes darían cuenta de conversaciones en las que se plantearía la devolución del contrato de pasaportes a manos privadas, junto con la supuesta entrega de “algoritmos” que, según sus palabras, “aseguren la presidencia” al candidato, lo que habría elevado la gravedad del señalamiento. La controversia está directamente relacionada con la empresa Thomas Greg & Sons (que, según Petro, sería la que 'beneficiaría' a De La Espriella), históricamente vinculada a la expedición de pasaportes en el país. Petro ha cuestionado el papel de esta firma y señalado que existirían asuntos pendientes sobre el manejo de información clave del sistema. En respuesta, De la Espriella negó cualquier relación con los empresarios mencionados y exigió a Petro 'presentar pruebas'. Además, lanzó críticas, cuestionando la veracidad de los informes de inteligencia (en general) y el posible 'uso indebido' de organismos estatales en medio de la contienda política.
El caso escaló al plano jurídico cuando Germán Calderón España, asesor de la campaña de De La Espriella, solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes 'investigar' al presidente y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por una presunta violación ilícita de comunicaciones, al considerar que el mensaje del mandatario podría interpretarse como una admisión de posibles “chuzadas” ('interceptaciones ilegales...). Calderón sostuvo que los señalamientos del presidente implicarían un 'uso indebido' de herramientas estatales contra un candidato presidencial y una empresa privada. A este pronunciamiento se sumaron reacciones políticas, como la de la también presidenciable Paloma Valencia, quien refirió 'respaldo' a De la Espriella, ampliando el alcance del debate en distintos sectores. “Quieren eliminarme moralmente, judicialmente y después físicamente”, ha sido una de las reacciones de De La Espriella, quien también retó a Petro a presentar los supuestos audios que lo vincularían con los dueños de Thomas Greg & Sons. Este cruce ocurre en un momento clave del calendario político, a pocas semanas de la Primera Vuelta Presidencial.
Este lunes, 6 de abril, Petro retomó sus acusaciones contra De La Espriella. Según sostuvo, esto estaría ligado a un 'intento de recuperar' el contrato de pasaportes y a un 'posible fraude' electoral mediante softwares “ocultos”, hipótesis cuestionada por el 'carácter manual' del sistema electoral. También involucró al exregistrador nacional Alexander Vega y al procurador general Gregorio Eljach, sugiriendo 'cercanías políticas y gestiones' en favor de la empresa, sumado a que los Bautista presuntamente habrían buscado favorecer electoralmente a De la Espriella, sin presentar evidencias. En medio de toda la controversia, el excongresista y excandidato presidencial David Luna denunció una supuesta “Operación Grecia”, una 'estrategia' de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para 'interceptar comunicaciones' de opositores. Radicó un derecho de petición ante René Guarín, director encargado de la DNI, y ante Augusto Rodríguez Ballesteros, solicitando' confirmar su existencia, alcance y legalidad'. La polémica creció con la salida de Wilmar Mejía, entonces director de inteligencia de la DNI, y las advertencias de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre información “grave” relacionada con ese organismo (para mayor contexto, consultar en el blog. Cuando la controversia y el debate mediático por las presuntas 'interceptaciones ilegales', sumado a las polémicas protagonizadas por De La Espriella (como el escándalo de la pirámide DMG) y las 'no pruebas' del presidente Petro, el reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Portafolio • La Silla Vacía • El Tiempo • Revista Cambio
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