🕒 Última actualización:
abril 05, 2026
A través de la Resolución 0280 de 2026, el Ministerio de Ambiente declaró una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada una de las más grandes en la historia del país. La medida abarcaría más de 940.000 hectáreas (exactamente 942.005,16) en zonas de Cesar, Magdalena y La Guajira. La decisión, según se dijo, pretendería 'proteger la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural' de este ecosistema considerado estratégico, reconocido por su biodiversidad y su papel como regulador de agua 'para múltiples cuencas' del Caribe colombiano. Además, tendría un valor especial como 'territorio sagrado' para comunidades indígenas y como 'eje del equilibrio ambiental' en la región.
Según la ministra encargada, Irene Vélez, la medida haría parte de una apuesta del gobierno de ordenar el territorio 'alrededor del agua' y de 'avanzar en garantías' de gobernabilidad ambiental, incluyendo la protección de la llamada Línea Negra (el territorio sagrado de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, definido por sitios espirituales conectados y reconocido por el Estado). La reserva tendría una vigencia de dos años, tiempo durante el cual se adelantarían 'estudios técnicos, ambientales y sociales' para definir una 'figura definitiva de protección o manejo'. En ese periodo también se realizaría la delimitación, caracterización del área y la formulación de acciones para su conservación a largo plazo.
La declaratoria impondría restricciones: no se podrían otorgar nuevas concesiones mineras, contratos de exploración o explotación, ni continuar trámites en curso relacionados con estas actividades. En consecuencia, la Agencia Nacional de Minería no podría habilitar nuevas áreas ni suscribir contratos, y las autoridades ambientales no podrían expedir licencias para proyectos mineros dentro del área. No obstante, se permitirían algunas excepciones: podrían continuar los proyectos que ya cuenten con título minero, instrumento técnico y licencia ambiental vigentes hasta su finalización, aunque sin posibilidad de prórroga. También se autorizarían actividades como el aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas y procesos de formalización de pequeña minería, mientras el Estado avanzaría en la protección de este territorio frente a amenazas como 'la deforestación, actividades no reguladas y el cambio climático'. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Espectador • El Informador • Revista Cambio
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